La ley antitabaco española cumple 19 años: así se aprobó

El 15 de diciembre de 2005, España aprobó la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, también conocida como la ley antitabaco. Esta legislación fue un cambio significativo en la política de salud pública del país, con el objetivo de reducir el consumo de tabaco y proteger a los no fumadores de los efectos del humo ajeno. En ese momento, España vivía una realidad en la que el tabaquismo estaba presente de forma generalizada en muchos espacios públicos y sociales, lo que generaba grandes riesgos para la salud colectiva.

A finales del siglo XX y principios del XXI, la preocupación por los efectos del tabaco comenzó a aumentar en muchos países, incluyendo España. Las investigaciones científicas sobre el tabaquismo se volvían cada vez más claras: el consumo de tabaco causaba numerosas enfermedades graves, como el cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, y también se comprobaba que el humo de segunda mano era igualmente perjudicial. Aunque desde los años 90 se habían tomado algunas medidas para reducir el consumo de tabaco, como la regulación de la publicidad y las advertencias en las cajetillas de cigarrillos, estas acciones no lograban una disminución significativa del tabaquismo, y el país seguía teniendo una de las tasas más altas de fumadores en Europa.

La Ley 28/2005 representó un cambio radical en la estrategia contra el tabaquismo. Entre sus medidas más destacadas, la ley prohibió fumar en espacios públicos cerrados, lo que incluyó bares, restaurantes, centros de trabajo y otros lugares de acceso público. Esta medida fue especialmente polémica y generó un intenso debate, ya que afectaba a sectores como la hostelería, en los que el consumo de tabaco estaba muy arraigado. Además, la ley limitó la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, impidiendo su presencia en medios de comunicación, eventos deportivos y en la vía pública. También se establecieron restricciones más estrictas sobre la venta de tabaco a menores de 18 años, y se promovieron campañas de concienciación sobre los riesgos del tabaco, con un enfoque en la protección de los jóvenes.

La aprobación de la ley no fue un proceso exento de controversias. Mientras que la mayoría de los partidos políticos apoyaban las medidas, especialmente los que formaban parte del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, algunos sectores de la sociedad, como la industria del tabaco, los hosteleros y los fumadores, se mostraron en contra. Los opositores argumentaban que la ley dañaría los intereses económicos de ciertos sectores y que la prohibición en bares y restaurantes sería una medida excesiva. A pesar de las críticas, la ley fue aprobada con una amplia mayoría en el Parlamento, reflejando el creciente consenso en torno a la necesidad de tomar medidas más drásticas para reducir el tabaquismo.

Las consecuencias de la Ley Antitabaco a nivel de salud y social fueron notorias. En el plano sanitario, los estudios posteriores demostraron que la ley contribuyó a una disminución en el consumo de tabaco, especialmente en lugares públicos cerrados. La reducción de la exposición al humo de segunda mano tuvo efectos positivos en la salud de los no fumadores, especialmente en personas vulnerables como los niños, las mujeres embarazadas y los trabajadores de sectores como la hostelería. A nivel social, la ley también cambió los hábitos de los españoles, que comenzaron a ser más conscientes de los riesgos del tabaco y de la importancia de crear espacios libres de humo. No obstante, los cambios fueron graduales, y el tabaquismo seguía siendo un problema importante en algunas capas de la sociedad, aunque la ley fue un paso clave para combatirlo.