"Durante la dictadura los jueces gozaban de un poder absoluto siempre que respetaran el régimen político"

Acaba de rescatarse de la DANA el último libro de nuestro colaborador, el magistrado jubilado y exdirector de la Escuela Judicial española Pascual Ortuño, publicado por la editorial valenciana Tirant-lo-Blanc, con el sugerente título “La Justicia de los Jueces”. Con este motivo entrevistamos al autor respecto a algunos de los interrogantes que se plantean en esta obra divulgativa.

P: ¿Por qué los jueces tienen tanto poder?

R: La judicatura encarna el tercer poder del Estado de Derecho, y una de sus misiones constitucionales es la de ejercer un control sobre el ejecutivo y el legislativo. Cuando no hay conflictos entre ellos esta función pasa desapercibida, pero en la actualidad ha adquirido una importancia que incluso creo que es excesiva. Desde luego, vivimos una hiper judicialización de la vida política que ha terminado contaminando también a la administración de justicia.

P: ¿A qué se debe que en el siglo XXI los jueces singan siendo casi intocables?

R: El diseño de las estructuras profundas de la justicia quedó obsoleto hace muchos años. Fue una materia olvidada en la transición a la democracia y ningún gobierno ha promovido su modernización. Durante la dictadura los jueces gozaban de un poder absoluto siempre que respetaran el régimen político. Esa patente de corso es lo que dificulta un control democrático de la función judicial. Por ejemplo, la comisión disciplinaria debería ser externa a la organización corporativista que ostenta el poder en el CGPJ.  

P: ¿Es normal que los jueces estén por encima de la ciudadanía

R: La responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones es una entelequia. El llamado órgano de gobierno de los jueces está secuestrado por los partidos políticos y es casi imposible exigirles responsabilidad. 

La responsabilidad de los jueces en el ejercicio de sus funciones es una entelequia.

P: ¿Por qué la justicia es el tercer poder del Estado?

R: El modelo procede de La Ilustración. Los reyes dejaron de tener el poder absoluto y éste pasó al pueblo soberano. Pero la fórmula ideada fue la de fraccionarlo en las tres columnas básicas e independientes: la asamblea parlamentaria, que hace las leyes, el gobierno que tiene la misión de administrar el interés público, y la judicatura que goza de independencia funcional. Los tres poderes se debían controlar entre sí. El problema surge cuando esa independencia se diluye y no funciona.  

P: Está anticuado el modelo judicial español?

R: Efectivamente, el modelo corresponde a una sociedad agraria y preindustrial, puesto que las reformas que se han introducido han sido en su mayor parte erráticas. Un ejemplo es el sistema ordinario de acceso a la judicatura que se basa en el aprendizaje memorístico de las leyes. Este modelo dejó de ser necesario con la facilitación de la normativa por medios electrónicos. 

P: ¿Por qué desde hace algunos años se ha incrementado tanto la crítica a los jueces?

R: La razón es que la sociedad postindustrial, el acceso generalizado a la cultura y la estructura social y económica ha generado un crecimiento geométrico de la litigiosidad. Además, los conflictos suelen ser más complejos por los componentes internacionales. Esto provoca no solo la dilación de la respuesta judicial, sino también la calidad de las resoluciones.

La opción de la cooptación corporativa que se ha reclamado por algunas asociaciones judiciales, alentada por algunos partidos políticos como excusa para no perder el control del CGPJ, no existe en ningún país.

P: ¿Los jueces deben elegir a los jueces o cómo debería tratarse la elección a los órganos judiciales?

R: La opción de la cooptación corporativa que se ha reclamado por algunas asociaciones judiciales, alentada por algunos partidos políticos como excusa para no perder el control del CGPJ, no existe en ningún país. Es evidente que a quien más interesa tener buenos jueces es a la ciudadanía, por lo que la elección debe recaer en las instituciones más representativas de la sociedad. En la mayoría de los países los órganos de elección están integrados por representantes de la abogacía, de las facultades de derecho, de la fiscalía, del notariado, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de los partidos políticos y, evidentemente, con una presencia importante de los propios jueces en proporción a las distintas especialidades y del ministerio de justicia. Pero lo esencial es que la elección recaiga en profesionales de gran prestigio, cuya independencia esté garantizada. La elección de los altos cargos judiciales por razones de su afinidad con los partidos políticos, es una aberración que es urgente que se modifique.  

P: ¿Como se eligen los jueces en los diversos países?

R: Lo más frecuente para el ingreso en la judicatura es que existan diversas vías de acceso para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se  valora el esfuerzo en la formación inicial, pero también la experiencia, la trayectoria profesional, las competencias propias del ejercicio de la función, la independencia de criterio o la capacidad de trabajo en equipo, entre otras.

En algunos casos ―no en todos―, más que el mérito y la capacidad cuenta la cercanía a las ejecutivas de los partidos.

P: ¿Existen estándares en la Unión Europea para la selección de jueces? 

R: Cada país tiene su propio sistema de reclutamiento, en el que es relevante la tradición histórica, pero con carácter orientativo se trabajó en la concreción de una serie de requisitos mínimos que se recogieron en un documento elaborado por la Red de Consejos de la Judicatura europeos, que se denomina la Declaración de Dublín. El sistema español no sale muy bien parado puesto que no se concede ninguna importancia a la experiencia ni a la trayectoria profesional y jurídica de las personas que optan por ingresar en la carrera, y se hiper valora la capacidad memorística para el recitado de un temario ante un tribunal. Incluso se ha suprimido la resolución de casos prácticos, que servían para acreditar las capacidades de análisis, comprensión y redacción de textos.     

P: ¿Qué mejoras habría que aplicar a la justicia española?

R: Son muchas. Imposible concretar en poco espacio. En el libro publicado recojo algunas, y he de reconocer que en la reciente Ley Orgánica 1/2025 se ha recogido la implementación de los tribunales de instancia como base organizativa que existe en la mayor parte de los países europeos, y los medios alternativos a la justicia contenciosa.

P: ¿Es función de la justicia garantizar la seguridad de las personas, defender la propiedad privada y perseguir la delincuencia?

R: Los jueces y juezas tienen un papel importante en esta función, pero yo diría que no es la principal. La responsabilidad es compartida y radica, primero, en las leyes, que corresponde redactar al parlamento, después a los cuerpos policiales, tanto nacionales como autonómicos, sin olvidar los municipales, y después a los poderes ejecutivos que deben asegurar los medios y los presupuestos para esta prioridad que hoy reclama la ciudadanía.    

El diseño de las estructuras profundas de la justicia quedó obsoleto hace muchos años. Fue una materia olvidada en la transición a la democracia y ningún gobierno ha promovido su modernización.

P: ¿Está politizada la justicia? 

R: Mi respuesta es un no rotundo, porque conozco mu bien la carrera judicial y existe un alto grado de independencia de la inmensa mayoría de los casi seis mil jueces. Ahora bien, el sistema de provisión de altos cargos propicia la politización, puesto que hay esferas de selección de altos cargos que corresponde al CGPJ, y éste depende de la designación que realizan el congreso y el senado formalmente, pero que en la práctica, como reiteradamente hemos visto, se produce por un reparto entre las directivas de los partidos políticos. En algunos casos -no en todos-, más que el mérito y la capacidad cuenta la cercanía a las ejecutivas de los partidos. 

P: ¿Pueden los jueces y juezas tener y manifestar su ideología o preferencias políticas?

R: Como ciudadanos y ciudadanas que son, tienen pleno derecho, pero un elemental sentido de la responsabilidad y la prudencia, deben ser honestos y abstenerse de intervenir en los casos con trasfondo político o ideológico. 

P: ¿Cómo ve el futuro de la judicatura?

R: Soy optimista histórico, Confío en que la polarización que padecemos toque fondo y que se pueda conseguir el gran pacto por la justicia que desde hace muchos años se está reclamando por la ciudadanía.