La Ley de la Segunda Oportunidad: cada vez más accesible y con menos fraudes

Esta mañana ha arrancado el Segundo Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). Tras su inauguración, ofrecieron una rueda de prensa cuatro figuras muy relevantes en esta materia,  miembros del Observatori de Insolvència Personal del ICAB: Miguel A. Salazar, Borja Pardo, Yvonne Pavia y Martí Batllori. Presentaron los resultados del segundo informe sobre este mecanismo legal. Celebraron los grandes avances de la ley, y apuntaron las malas praxis que quedan por resolver.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

En primer lugar, Yvonne Pavia, tesorera y presidenta del Observatori, recalcó que, a través de la ley, "se busca ofrecer una segunda oportunidad a todas las personas que viven una situación de vulnerabilidad económica. El observatorio nació con el propósito de divulgar y formar sobre este mecanismo. Una parte del observatorio se dedicaba a la recopilación de datos. Lo hicimos en el primer Congreso Europeo de Segunda Oportunidad hace dos años. Hoy hemos traído datos muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en los juzgados mercantiles de Catalunya y una primera aproximación de lo que pasa en España". 

El meteórico avance de la Ley de Segunda Oportunidad en España y Catalunya

Uno de los datos que ha aportado Pavia es el de los concursos de acreedores: "En el tercer trimestre de 2024, se registraron 41.050 concursos, de los cuales 36.944 fueron de personas físicas, a nivel estatal. El 90% de los concursos de acreedores presentados corresponden a personas físicas". 

En cuanto a la evolución por comunidades autónomas, "Catalunya lidera con un total de 9.296 concursos registrados hasta el tercer trimestre de 2024, seguida por Andalucía con 5.777 y Madrid con 5.398. Catalunya está muy por encima en cuanto a procedimientos de segunda oportunidad, situándose en niveles comparables a países como Alemania, Inglaterra o Francia, que cuentan con un mayor número de casos. Catalunya representa el 25,16% del total, Andalucía el 15,64% y Madrid el 14,62%".

A continuación, Borja Pardo, Vocal del Observatori, ha apuntado que "durante el último periodo se aprobó la Ley 16/2022, lo que creó nuevas instituciones y agilizó los procedimientos concursales. Un cambio relevante fue la transferencia de competencias, que permitió que los procedimientos fueran conocidos por los juzgados mercantiles". 

"Hasta 2020, la duración media de un concurso de acreedores para una persona física era de 500 días, y hoy es de 242 días. En 2024, la media es incluso menor. En cuanto al perfil del deudor, no ha habido cambios significativos, aunque sí un leve incremento de mujeres respecto a hombres, siendo estos últimos mayoría con un 59%. La edad media ha decrecido, situándose la mayoría entre los 30 y 70 años", ha añadido.

En cuanto al perfil de los deudores, Pardo ha recordado que "un cambio relevante está en el origen: la mayoría siguen siendo españoles, pero el porcentaje de personas de origen latinoamericano ha aumentado del 20% en 2021 al 35%. Los españoles representan el 54%, un dato menor respecto al primer informe, pero siguen siendo el colectivo mayoritario".

Y ha culminado con el dato más significativo del informe: "El importe total de las deudas y del activo ha disminuido. En 2021, la media de la masa pasiva del deudor era de 250.000 euros, y ahora es de 63.000 euros. Esto muestra cómo la Ley de Segunda Oportunidad, aunque data de 2015, está llegando a más capas de la sociedad".

"En 2024, hay 50.000 expedientes en España. La masa activa, es decir, los activos que tienen los deudores, ha disminuido significativamente. En 2021, un porcentaje relevante poseía un bien inmueble, pero ahora solo 1 de cada 10 lo tiene. La reducción de los activos y pasivos con los que se presentan los deudores ha resultado en que el importe medio exonerado sea menor, situándose en 49,000 euros en 2024. Se espera que su uso incremente con el tiempo. En un eventual tercer informe, podremos hacer previsiones más precisas, pero ya hemos superado la media de expedientes de Alemania y estamos cerca de Francia, algo impensable hace unos cinco años", ha concluído.

El impacto positivo de la ley en la salud mental de los ciudadanos

Por su parte, Miguel A. Salazar, vocal del Observatori, expresó su satisfacción con los resultados obtenidos en este segundo informe elaborado: "Los datos demuestran que la Ley de Segunda Oportunidad ha sido un recurso clave para muchas personas que se encontraban en situaciones de insolvencia". 

Además, Salazar celebró el impacto positivo que la ley ha tenido en la vida de quienes se han acogido a ella, destacando que "recuperar la estabilidad financiera contribuye directamente a la felicidad de las personas, que antes tenían un sentiiento de culpa. Cuando alguien puede empezar de nuevo, vuelve a ser activo, a contribuir a la economía, y a pagar impuestos. Generamos que una persona vuelva al sistema generamos que la persona vuelva al sistema. Los números nos dicen que esta es la solución".

Cómo gestionar posibles usos fraudulentos de la ley

Todos los datos y conclusiones presentados por el ICAB eran óptimos, pero CatalunyaPress ha querido conocer la otra cara de la moneda: ¿Han registrado casos en los que personas se hayan aprovechado de la ley de manera indebida? ¿Cómo los gestionan? ¿Y cómo pretenden mejorar la ley en el futuro?

Borja Pardo reconoció lo importante que es asegurar la legitimidad del uso de la ley: "Estamos trabajando para evitar que casos fraudulentos perjudiquen la credibilidad y eficacia de la ley. En todos los ámbitos habrá quien intente aprovecharse de las normas, pero la ley tiene filtros adecuados para evitar abusos. Hacemos en los despachos profesionales un filtrado serio para estos asuntos, ya que si permitimos abusos, perjudicaríamos el propio mecanismo". 

"Aunque hay un porcentaje residual de abusos, es posible tratarlos como casos aislados. En cuanto a los problemas prácticos, estamos satisfechos con la evolución, aunque la obtención de documentación sigue siendo un escollo. Una ventanilla única para acceder a la documentación facilitaría el proceso", añadió.

Por su parte, Miguel informó que "entre 2015 y 2022, el éxito era del 100% en términos de exoneración de deudas. Con la nueva ley, el concepto de la buena fe del deudor ha sido perfilado más claramente. Se están dando resoluciones judiciales que niegan la exoneración a quienes han hecho un mal uso de los fondos, lo que ayuda a evitar abusos. Con los números actuales y el compromiso del congreso con la Conselleria de Justicia, trabajamos en una guía de buenas prácticas para evitar que la ley sea mal utilizada".

Ampliar el acceso a la ley

Uno de los intereses del Observatori es ampliar el acceso a la ley, hacerla más democrática. Yvonne Pavia reveló que "estamos trabajando en eliminar las barreras que dificultan el acceso, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los procedimientos legales o administrativos".

Antes, Joan Martínez, presidente del Consell d'Advocacia Catalana, y quien abrió la rueda de prensa junto a Jesús M. Sánchez, degano del ICAB, recalcó que este "instrumento esencial en nuestra sociedad permite dar una segunda oportunidad para reintegrarse en la sociedad, con una recuperación económica y una psicológica. Que la sociedad sea cada vez más justa y empática. Nuestra tarea es que el procedimiento sea cada vez menos burocrática, y que la población tenga un acceso más directo a dicha recuperación".

Mejor prevenir que curar

Eso sí, es mejor prevenir que curar. Que antes que los ciudadanos tengan que recurrir a la Ley de la Segunda Oportunidad, tengan mecanismos para evitar situaciones de insolvencia. Y este es otro de los desafíos del Observatori para el futuro, y para un eventual tercer informe. 

Miguel A. Salazar destacó que "debemos trabajar en crear sistemas de control y mejorar la formación e información para evitar que las personas lleguen al punto de insolvencia como única salida. Si llegamos a 50.000 procedimientos, es claro que hay un problema, y nuestro objetivo es buscar herramientas para evitar que más personas se conviertan en insolventes".

La inauguración del congreso fue presidida por el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, quien recordó que, "con gran temeridad" por las dudas interpretativas sobre las competencias de Catalunya, desde el colegio profesional intentaron impulsar una ley que incluía un procedimiento de Segunda Oportunidad y que fue declarada inconstitucional, hasta que finalmente en 2015 se aprobó.

La intervención de Ramon Espadaler

Por su parte, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que "hablar de segunda oportunidad es ponerle rostro a una justicia mucho más humana" y ha celebrado que esta ley fuese impulsada desde Catalunya y que fue positivo arriesgar si esto ha servido para impulsar una legislación que nos beneficie a todos, en sus palabras.

La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, Imma Barral, ha reiterado que "cualquier persona que esté en esta situación complicada debe de tener un cauce para dirigirse a la Administración Pública" para recibir acompañamiento, pues suele encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que ha apelado a una coordinación interdepartamental para ofrecerle todos los mecanismos de ayuda.