VÍDEO: El ICAB pide cambiar la ley para expulsar a los okupas en un máximo de 48 horas

Que la ley deje de amparar las okupaciones ilegales. Esta es la idea principal sobre la que gira el segundo Congreso contra la Ocupación Ilegal que se ha puesto en marcha este martes 28 de enero en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), con  mesas de debate centradas en esta temática y con una serie de propuestas, tanto desde el ámbito penal como el civil, para combatir este fenómeno.

En su bienvenida, Jesús María Sánchez García, decano del ICAB, ha asegurado que es una problemática que existe y al que las administraciones no pueden dar la espalda. "No se trata de criminalizar conductas, queremos tener medios disuarios, que permitan la expulsión inmediata de una persona que haya okupado delincuencialmente o ilegalmente la vivienda que es propiedad de una tercera persona. Ha ocurrido en contra de su voluntad", ha apuntado.

Cabe destacar que los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga rechazan que los okupas puedan alegar vulnerabilidad económica en una batería de reformas legislativas.

Los cambios en la legislación penal

En su intervención, el experto en derecho administrativo Pablo Feu Fontaiña ha asegurado que "el problema es lo suficientemente grave para que no se le de más la espalda". Y es que las dos modificaciones que reclama ICAB es que se asegure "la devolución inmediata de inmuebles ocupados ilegalmente" y que se "evite la suspensión de desalojos argumentando vulnerabilidad social, delegando esa responsabilidad a las administraciones públicas (a servicios sociales).

¿Cómo se conseguiría? Con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que incluya "la introducción de medidas cautelares urgentes para el desalojo de okupas en un plazo máximo de 48 horas desde la denuncia".

También se quiere cambiar el artículo 544 sexies LeCrim, que debería servir para "permitir que los jueces dicten desalojos inmediatos y devuelvan la posesión al propietario legítimo".

ICAB también quiere que se incluyan los "delitos de usurpación y violación de domicilio en los procedimientos de juicio rápido, agilizando el proceso judicial".

El margen de mejora en el ámbito civil

Debido a que la okupación ilegal causan "problemas de convivencia, el deterioro del entorno y la pérdida de valor inmobiliario", estas reformas que reclama el ICAB "buscan equilibrar el derecho a la propiedad con la protección de las personas vulnerables, responsabilizando a las administraciones públicas de las soluciones habitacionales".

Ahí entraría la vía civil, que a juicio de los colegios también se debería plasmar con reformas en la LECrim. Los cambios en la ley que piden contempla la "adaptación de procedimientos para diferenciar claramente entre incumplimientos contractuales y okupaciones ilegales", la "eliminación de trámites que dilaten los procesos de recuperación de inmuebles okupados y la "introducción de medidas cautelares que permitan el desalojo inmediato de okupantes ilegales, incluyendo comunidades de propietarios afectadas".

En este sentido, también reclaman cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, para que las comunidades de propietarios tengan "herramientas para actuar contra actividades dañinas o ilegales de los okupantes". Así, esta debería "permitir pedir medidas cautelares, como el cese de actividades o el desalojo del inmueble".

"Los ayuntamientos actúan con doble cara"

Uno de los ponentes de la jornada ha sido Javier Fuertes López, magistrado del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Pamplona. El juez ha empezado su intervención lamentando que en la actual Ley de Vivienda "no se menciona ni una sola vez a los ayuntamientos".

"Los jueces, nos gusten o no, trabajamos con las leyes que tenemos", ha continuado, poniendo un ejemplo con el que se ha encontrado varias veces a lo largo de su carrera en la magistratura.

"Puede llegar una petición de desalojo por parte del departamento de Patrimonio de un ayuntamiento, para expulsar a unos okupas, pero a su vez existe un certificado de vulnerabilidad por parte de otro departamento del consistorio", detalla, apuntando que "los ayuntamientos actúan con esta doble cara".

Del mismo modo, el magistrado Fuertes López añade que "las peticiones se deben resolver lo antes posible", aunque lamenta también de que "los jueces muchas veces no hacemos más porque no podemos".

¿Tolerancia social?

Por su parte, José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, ha puesto sobre la mesa que, con el paso del tiempo, "la sociedad ha desarrollado una cierta tolerancia hacia la okupación, permitida por los poderes públicos".

"La okupación no puede ser la tercera vía para acceder a una vivienda, tras el alquiler y la compra", ha continuado García Gómez, que ha señalado que desde el gobierno autonómico madrileño quieren "ayudar a los ciudadanos a recuperar sus bienes si se los han usurpado".

Para ello, desde julio de 2022, la Comunidad de Madrid tiene en marcha una iniciativa llamada 112 Ocupación, atención telefónica para que "los perjudicados tengan a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la administración autonómica para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada".

"Es de emergencia actuar sobre esta situación"

Uno de los ponentes que ha puesto sobre la mesa un mensaje más contundente ha sido José María Escolástico Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda y Suelo.

"Actualmente hay unas 230.000 personas en viviendas okupadas en el conjunto de España. La mitad de ellas, aproximadamente, están en Catalunya", ha señalado, asegurando que "es de emergencia actuar sobre esta situación". "No hacer nada es condenar a estas personas a vivir en la indigencia", ha añadido.

Escolástico Sánchez también ha denunciado que "el 80% de las okupaciones son en viviendas de propiedad pública o de entidades financieras", al tiempo que ha lamentado que "la producción de vivienda pública en España es residual".

Del mismo modo, ha lanzado una reflexión que, para muchos, cae por su propio peso. "Las viviendas públicas vacías se okupan porque están vacías", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "en España el problema no se solucionará sin una ley específica".

"No podemos criminalizar la pobreza"

La sesión ha seguido con el tratamiento de la problemática desde un punto de vista civil. En este sentido, Estela Bergel, letrada de la Administración de Justicia y Letrada directora del SAC Civil y Penal de Barcelona, ha cifrado en casi 2.000 (1.983, para ser exactos) la cantidad de propietarios que recuperaron una propiedad okupada durante el año pasado en la capital de Catalunya.

Por su parte, la abogada Esther Lorente ha querido empezar su intervención diciendo que "no podemos criminalizar la pobreza". La letrada ha asegurado, de forma reiterada, que es "una cuestión de estado", diciendo que se está generando una "alarma social" que lleva a que muchos pequeños propietarios no pongan su vivienda en el mercado de alquiler.

"Si lo que ocurre es delito, pues es delito, pero si es morosidad, es morosidad", ha añadido, haciendo una reflexión al colectivo. "Como abogados, debemos ser más cuidadosos y coherentes", ha apuntado.

La bienvenida al Congreso