La Generalitat impulsa una nueva ley para aumentar la calidad de asistencia en residencias y servicios sociales

Esta iniciativa, que retoma el texto impulsado en la anterior legislatura, busca garantizar una gestión más transparente, ágil y eficiente de los servicios que atienden a personas mayores, con discapacidad, enfermedad mental o en riesgo de exclusión social, al tiempo que busca reforzar la asistencial en la comunidad catalana.

Entre los puntos más destacados de la norma figura la creación de la nueva Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya. Se establece en el texto aprobado como una entidad con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa. Además, contará con un presupuesto de 131 millones de euros y será el pilar fundamental para garantizar el acceso universal a servicios sociales de calidad en Catalunya.

El texto legislativo, que retoma el proyecto del anterior Govern y cumple con una moción del Parlament de diciembre de 2023, aborda también la coordinación entre las prestaciones sanitarias y sociales. Dado que durante la pandemia, quedó en evidencia la necesidad de integrar mejor ambos ámbitos para garantizar una atención integral a los usuarios, evitando la dispersión de historias clínicas y mejorando la respuesta a las necesidades de las personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables.

La agencia establecerá tarifas por residente en los centros concertados, teniendo en cuenta la evolución salarial en el sector público. Además, integrará las prestaciones sociales y sanitarias para personas ingresadas, solucionando un problema crítico: la falta de coordinación entre servicios. Hasta ahora, las historias clínicas de los residentes no se trasladaban adecuadamente a los Centros de Atención Primaria (CAP), dificultando el seguimiento médico y la atención integral.

Con esta iniciativa, el Govern de Salvador Illa, pretende reforzar la colaboración con el tercer sector social y reforzar el sistema público de servicios sociales, convirtiéndolo en más sólido, sostenible y centrado en las personas. Se busca ga

El texto responde a la necesidad de reforzar y modernizar los servicios sociales en Catalunya, cubriendo las demandas de infancia, adolescencia, personas mayores, personas con discapacidad, enfermedades mentales o adicciones, y familias con riesgo de exclusión.
 

Además, incide en la búsqueda de "desburocratizar" y fomentar la mejora continua de la calidad para adaptarse a las necesidades reales actuales de la sociedad catalana. 

El Govern ha establecido que la financiación pública estará vinculada a resultados tangibles y al cumplimiento de objetivos sociales específicos. Esto significa que las residencias deberán demostrar mejoras concretas en la calidad del servicio y en la atención a los residentes. Además, se implementarán medidas para igualar los salarios de los trabajadores de residencias públicas y privadas, un esfuerzo destinado a corregir una disparidad salarial que ha sido motivo de tensión entre patronales y sindicatos.

Mejor sueldo para los trabajadores de los servicios sociales

Además en este proyecto de ley se aborda la evolución salarial del personal de entidades concertadas, con el objetivo de equiparar las retribuciones de todos los profesionales de la red pública de servicios sociales.

Las entidades proveedoras deberán repercutir en el salario de su personal los incrementos retributivos fijados en el costo de referencia.

Asimismo, los aumentos salariales fijados por el pagador deberán repercutir directamente en los trabajadores, eliminando la posibilidad de que estas mejoras queden atrapadas en estructuras empresariales sin llegar a las nóminas de los empleados. Esta iniciativa busca combatir uno de los problemas históricos del sector: la alta rotación y el absentismo, factores que han impactado negativamente en la estabilidad y calidad del servicio.

Con la nueva norma catalana se introduce una herramienta innovadora que vincula la financiación privada al cumplimiento de objetivos sociales específicos, garantizando que cada euro invertido tenga un retorno significativo para la comunidad donde se encuentre ubicado el centro.

Se supera el modelo contractual vigente , otorgando mayor flexibilidad y eficiencia en la prestación de servicios. Y se refuerza la colaboración con el tercer sector social , considerado un cooperador clave en la red pública, y se asegura una financiación transparente vinculada a resultados tangibles.

Problemas estructurales y aprendizajes postpandemia en las residencias

El sector de las residencias catalanas arrastra problemas estructurales desde hace décadas. Las condiciones laborales de los trabajadores, frecuentemente marcadas por la precariedad, han afectado la calidad de los servicios ofrecidos. La falta de coordinación entre los sistemas sanitario y social también ha generado ineficiencias y problemas graves de atención.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto muchas de estas deficiencias, dejando un saldo trágico en las residencias y evidenciando la necesidad de un cambio radical. En este contexto, el Govern busca aplicar los aprendizajes derivados de esta crisis para evitar que estos errores se repitan en el futuro.

Pese a las buenas intenciones, las medidas no están exentas de controversia. Las patronales y los sindicatos han tenido enfrentamientos por la equiparación salarial, un tema que sigue siendo motivo de negociación. Además, los trabajadores del sector, que han denunciado precariedad durante años, exigen que las promesas se traduzcan en acciones concretas y rápidas.

El anuncio del Govern también coincide con noticias preocupantes, como la investigación en curso por parte de los Mossos d’Esquadra sobre presuntos maltratos en una residencia de Barcelona durante la pasada Nochevieja. Casos como este refuerzan la necesidad de supervisión y de estándares claros de calidad en el sector.

Iniciativas piloto

Como parte de esta transformación, el Govern ha implementado equipos piloto formados por médicos, enfermeras y trabajadores sociales para probar modelos de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Estas iniciativas buscan ser un primer paso hacia un sistema más integrado y eficiente.

El reto es inmenso, pero los objetivos son claros: dignificar la labor de los trabajadores, mejorar la calidad de vida de los usuarios y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva. El futuro de las residencias catalanas dependerá de la capacidad del Govern para superar los obstáculos y convertir estas promesas en una realidad tangible.