Más cautela, menos riesgos: los catalanes refuerzan la protección de su privacidad

La directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs, cree que el aumento de denuncias que ha recibido el organismo responde a una mayor concienciación sobre el control de los datos personales.

Borràs ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press que "cada vez hay más concienciación sobre la importancia de que cada persona tenga control sobre sus datos personales, de que las cosas se hagan correctamente y, en consecuencia, la sensibilización de la ciudadanía, un aspecto en el que también trabajamos, está en aumento".

En 2024, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) recibió un 44% más de denuncias que el año anterior. En cuanto a las sanciones impuestas, el 36% correspondió a vulneraciones del principio de confidencialidad, el 21% al tratamiento ilícito de datos, otro 21% al incumplimiento del principio de minimización (recopilación de más datos de los necesarios), el 12% a fallos en la seguridad de la información y el 10% a la falta de transparencia, según detalló Borràs.

En caso de que entidades privadas incumplan el Reglamento Europeo de Protección de Datos, las sanciones pueden alcanzar hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio en las infracciones más graves, siempre atendiendo al principio de proporcionalidad.

Formación 

Para reforzar la capacidad de la administración, la APDCAT, en colaboración con la Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), ha lanzado un programa de formación especializada para delegados de protección de datos de los departamentos de la Generalitat y personal técnico de los entes locales. Este enero ha comenzado su quinta edición.

El delegado de protección de datos juega un papel clave en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, tanto en la administración como en aquellas empresas que deben contar con esta figura. "Su labor es fundamental", destacó Borràs.

El programa de formación abarca conocimientos jurídicos esenciales para el desempeño del cargo, así como formación tecnológica, cada vez más relevante ante los cambios en el ecosistema digital de las administraciones. Además, incluye aspectos clave sobre la implicación y el compromiso de las organizaciones en el cumplimiento de la normativa.