Aumento alarmante de la violencia en las prisiones catalanas en 2024: la CSIF propone soluciones

El año 2024 se ha consolidado como el más violento en la historia reciente de las prisiones catalanas. Según datos recopilados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se registraron un total de 607 agresiones, lo que representa un incremento del 4,3% en comparación con 2023. De estas, 79 fueron agresiones graves, aunque, en contraste, esta cifra supone una disminución del 24,75% respecto al año anterior. 

Por otro lado, las agresiones leves aumentaron en un 10,7%, alcanzando las 528 incidencias. Además, se contabilizaron 338 tentativas de agresión, lo que indica una reducción del 40% en comparación con 2023. En conjunto, sumando agresiones y tentativas, se registraron 945 incidentes, un 17,75% menos que el año anterior. Estas cifras reflejan una media diaria de 1,66 trabajadores agredidos, cifra que asciende a 2,58 si se incluyen las tentativas.

El asesinato de Núria López

Por primera vez en cuatro décadas, el sistema penitenciario catalán fue testigo del asesinato de un trabajador. En marzo de 2024, la trabajadora Núria López fue brutalmente asesinada por un interno en el centro penitenciario de Brians 2. Este trágico suceso puso de manifiesto las carencias en materia de seguridad y la necesidad urgente de implementar medidas preventivas. Según ha informado La Razón, la Generalitat aún no ha apartado de las cocinas a los internos con delitos de sangre, diez meses después del asesinato de Núria López.

Las agresiones con componente sexual también experimentaron un preocupante aumento, pasando de 22 en 2023 a 27 en 2024. De estas, el 59,26% fueron cometidas por internos extranjeros, y el 94,14% de los agresores fueron hombres. Además, el 92,55% de los incidentes fueron protagonizados por adultos. Estas estadísticas subrayan la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la gestión de la diversidad cultural y la implementación de programas específicos de prevención de la violencia sexual en el entorno penitenciario.

Al analizar la distribución de los incidentes por centro, se observa que Brians 1 lidera la lista con un total de 261 incidentes, seguido de Brians 2 con 134 y Quatre Camins con 96. Estos datos indican la necesidad de evaluar las condiciones específicas de cada centro y adaptar las estrategias de prevención y seguridad según las particularidades de cada institución.

Ante este panorama, el sindicato CSIF ha elevado una serie de demandas para mejorar la seguridad y las condiciones laborales en las prisiones catalanas. Entre ellas, destacan el reconocimiento de los funcionarios como agentes de la autoridad, la implementación de aerosoles de acción adecuada para la defensa personal, la medicación diluida para internos con uso indebido de sustancias, la limitación de acceso a asociaciones que fomentan violencia contra funcionarios, la separación efectiva de internos conflictivos, mejoras en las infraestructuras de los centros penitenciarios y el redimensionamiento de las plantillas para abordar el envejecimiento del personal.

Entrevista en exclusiva a la CSIF

El responsable de CSIF Prisiones Cataluña, Alberto Gómez, ha señalado que el incremento de la violencia en las cárceles catalanas se debe principalmente a "la falta de una política contundente contra el agresor". Según Gómez, "faltan medios, falta personal y faltan decisiones políticas que pongan la administración en el lugar que se merece". En este sentido, denuncia que "no es una cuestión de prevención, sino de castigar al agresor con la mayor pena posible y abandonar el buenismo y el blanqueo. Las agresiones en las prisiones no solo han aumentado en 2024, lleva haciéndolo los últimos ocho años".

Sobre las demandas del sindicato, Gómez asegura que "no pedimos nada extraordinario, solo cosas de sentido común". Una de las principales exigencias es "ser reconocidos como agentes de seguridad", algo que, según explica, "depende del Gobierno. Es una incoherencia que todavía no se haya aprobado". También reclaman la aprobación del uso de aerosoles de defensa personal: "El spray es legal y está reconocido, pero hay una presión mediática por parte de asociaciones que insisten en que se usará de manera indiscriminada".

Otra de las preocupaciones del sindicato es la actuación de determinadas asociaciones: "El principal instigador es Iñaki Rivera, que dirige varias asociaciones como Irídia y el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos de los Internos. También cuentan con el beneplácito y la colaboración del Síndic de Greuges, y dificultan mucho nuestra tarea". Además, critican la falta de medidas para frenar la violencia de los internos reincidentes: "Hay que aplicar el máximo castigo que permite la legalidad y el reglamento penitenciario, y limitar el acceso de asociaciones que solo fomentan la violencia contra nosotros". También piden cambios en la administración de la medicación para internos peligrosos: "Si la medicación se administrara en formato diluido, evitaríamos que trafiquen con ella dentro de la prisión".

Finalmente, Gómez ha criticado los acuerdos alcanzados por la Generalitat en materia penitenciaria: "No se han tomado medidas efectivas. Se firmó un acuerdo en abril de 2024 a espaldas de la plantilla y de madrugada y, desde entonces, las agresiones no han dejado de aumentar". Según el responsable sindical, "faltan decisiones valientes y, para eso, hacen falta dirigentes valientes". En este sentido, ha señalado directamente a la actual consellera de Justícia: "Criticamos a Ubasart, la peor consellera que hemos tenido, pero el señor Espadaler va camino de lo mismo. No decidir también es una decisión".