¡Atención! La prohibición de las llamadas comerciales desde móviles entrará en vigor en 2025

El Gobierno de España ha ultimado una orden ministerial que establece nuevas medidas para combatir las estafas telefónicas y mediante SMS. Entre las principales iniciativas destaca la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números móviles, una práctica habitual en intentos de suplantación de identidad.

Esta restricción entrará en vigor de manera obligatoria tres meses después de que la orden ministerial sea efectiva. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se espera en los próximos días, tras la firma del ministro de Transformación Digital, Óscar López.

El secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, Matías González, ha subrayado que los estafadores suelen utilizar números móviles nacionales para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, como datos bancarios. Con esta medida, se busca dificultar estas prácticas fraudulentas.

Nuevos canales

Además de la prohibición del uso de móviles para llamadas comerciales, la orden ministerial introduce cambios en la numeración habilitada para este tipo de comunicaciones. A partir de su entrada en vigor (20 días después de su publicación en el BOE), las llamadas comerciales solo podrán realizarse desde:

• Números específicos para atención al cliente, como el 1004 de Telefónica.
• Numeración geográfica (fija).
• Números gratuitos 800 y 900, que hasta ahora solo podían recibir llamadas y ahora podrán también emitirlas.

Obligaciones para las operadoras

Otra medida clave de la orden ministerial es la obligación para los operadores de telecomunicaciones de bloquear llamadas y SMS que provengan de numeraciones no registradas en el Plan Nacional de Numeración o que no hayan sido asignadas a un operador o cliente final.

"Si una llamada o SMS procede de una numeración inexistente o no atribuida a ningún servicio, debe ser bloqueada, ya que no debería estar en uso", explicó González. Esta obligación también entrará en vigor 20 días después de la publicación de la orden en el BOE.

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca reforzar la seguridad digital y proteger a los ciudadanos frente a fraudes telefónicos cada vez más sofisticados.