Casi la mitad de personas con discapacidad intelectual no se independiza por falta de acceso a la vivienda

El 45,5% de las personas con discapacidad intelectual asegura que le gustaría independizarse en una vivienda no institucional (piso propio, compartido o tutelado) y que no lo hace por motivos familiares, económicos o personales, destacando escasez de recursos o la falta de apoyo personalizado para realizar actividades de la vida diaria de forma independiente.

Según el informe 'Construyendo hogares: el acceso a la vivienda de las personas con discapacidad intelectual', presentado este martes la Fundación PwC y la Fundación Álex Rivera, el 72% de las personas con discapacidad intelectual sigue viviendo con sus familias, por factores como la tradición cultural o porque no existen opciones ni apoyos para poder vivir de forma independiente en una vivienda no institucional.

En este sentido, la investigación apunta como principales causas la falta de viviendas adaptadas y accesibles, la escasez de recursos económicos y falta de oportunidades laborales de las personas con discapacidad intelectual.

Los autores del estudio señalan que en España hay 300.000 personas con discapacidad intelectual, de las cuales 180.000 son adultos, y el tipo de vivienda más utilizado es la vivienda familiar (68,2%), seguida de las residencias (10,4%). El 20,3% de las personas con discapacidad intelectual vive de forma independiente en viviendas no institucionales, de las cuales un 5,4% son una vivienda propia, según la encuesta realizada para el informe, recogido por Europa Press.

En relación con los apoyos, los más demandados para alcanzar la vida autónoma son tareas como gestión del dinero, cocinar o saber qué hacer cuando se enferman, algo que los investigadores ven "fácilmente alcanzable con formación, apoyo de personal social o incluso a través de la tecnología y la inteligencia artificial".

Sobre las barreras económicas, el estudio apunta que la tasa de desempleo para personas con discapacidad intelectual alcanza casi el 80% y la mayoría de las personas que trabajan recibe un salario inferior a 10.000 euros anuales, "lo que restringe las posibilidades de alquilar o comprar una vivienda y, en consecuencia, tener una vida independiente".

Además, revela que "existe una falta de alternativas habitacionales adecuadas y una escasez de ayudas que dificultan la plena inclusión y la transición a una desinstitucionalización, para ofrecer una vida más autónoma para este colectivo". Según concluye el informe, los modelos de vivienda no institucionales tienen un "impacto positivo" en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

En este escenario, el informe detalla la necesidad adoptar medidas urgentes por parte del sector público para impulsar cambios significativos en la transición a modelos comunitarios e inclusivos de vivienda, "aumentando el parque con precios sociales y modificando las bases de planes de vivienda públicos para que las personas con discapacidad intelectual, sus familias o entidades sociales puedan acceder a ellos".

Por parte del sector privado, los autores del estudio creen que las entidades inmobiliarias (promotoras, grandes tenedores o gestoras) "pueden tener un papel fundamental si se crean incentivos para que estas empresas reserven parte de su cartera a viviendas para personas con discapacidad intelectual".

En cuanto al papel de la tecnología y la IA como facilitadores y aceleradores, consideran que las empresas tecnológicas serán "parte activa" del desarrollo de innovadoras soluciones como un portal específico de vivienda, o asistentes digitales y domótica a través del Big Data, el Internet de las Cosas y la Realidad Virtual, entre otros, facilitando la autonomía de estas personas en sus hogares y reduciendo los costes de apoyos personales.

"Al empezar a trabajar en el informe tras la propuesta de Fundación Álex Rivera, nos dimos cuenta de que es la primera vez que se visibilizan estos datos sobre el acceso a la vivienda de personas con discapacidad intelectual. En la mayoría de los casos, no se ha hecho nada por puro desconocimiento del problema. Conforme trabajábamos en el documento hemos detectado que muchas empresas están interesadas en colaborar para ofrecer soluciones a este colectivo", ha indicado Miren Tellería, responsable del sector Inmobiliario de PwC España y responsable del informe.

A su juicio, "es importante reflexionar sobre estas conclusiones y oportunidades que vienen directamente de dar voz a las personas con discapacidad intelectual y que son clave para sensibilizar sobre la importancia de la desinstitucionalización y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual".

"Las conclusiones del estudio refuerzan la necesidad de colaboración entre el sector público y privado con las familias y entidades sociales. Las promotoras de vivienda, los grandes tenedores y las administraciones públicas pueden tener un rol clave facilitando el acceso a vivienda a las personas con discapacidad intelectual. Soluciones tecnológicas innovadoras pueden facilitar la vida independiente de las personas a la vez que reducen el coste asociado", ha defendido el presidente de Fundación Álex Rivera, Carlos Rivera.

Finalmente, ha subrayado que, "en otros países de Europa como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya se han implementado con éxito modelos de viviendas no institucionales y apoyos personalizados sin instituciones". "Por eso, desde fundaciones como la nuestra, trabajamos para crear soluciones innovadoras de vida independiente, colaborando con el sector privado e integrando tecnología e IA", ha concluido.