La ley que podría matar a tu mascota: polémica tras la muerte de un perro por falta de antibióticos

La primera semana de marzo, veterinarios de toda España se concentrarán en Madrid para protestar contra el Real Decreto 666/2023, que impone restricciones en la prescripción y venta de medicamentos en clínicas veterinarias. Esta normativa ya ha provocado su primera sanción firme: un veterinario de Baleares ha sido multado con 90.000 euros por incumplir la ley, una decisión que ha desatado una ola de indignación en el sector.

El decreto establece que todos los veterinarios deben reportar al Ministerio de Agricultura cada prescripción de antibóticos a través del sistema PRESVET. Además, se prohíbe la venta de medicamentos en clínicas veterinarias, permitiendo su dispensación solo en farmacias. Las multas por incumplimiento oscilan entre los 60.000 y el millón de euros, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los profesionales del sector.

Un caso que encendió la alarma: la muerte de una perra en Galicia

La reciente muerte de una perra de 9 años en Galicia ha intensificado la controversia. El animal, una Jack Russell Terrier, falleció debido a una sepsis tras no recibir a tiempo el tratamiento antibótico adecuado. Según Samuel Fernández, gerente del grupo veterinario Adrisa, la normativa impidió administrar un antibiótico más potente sin la previa realización de un cultivo, un proceso que tardó demasiado en completarse. Para cuando los resultados llegaron, el estado de la perra era crítico y ya no pudo ser salvada.

Veterinarios de toda España denuncian que esta normativa pone en peligro la vida de los animales, retrasando tratamientos esenciales debido a exigencias burocráticas. Argumentan que la obligación de justificar cada prescripción con pruebas de laboratorio no siempre es viable, sobre todo en casos urgentes.

Restricciones que afectan a la salud animal

El objetivo de la normativa es reducir la resistencia a los antibóticos en microorganismos, siguiendo directrices europeas. Sin embargo, los veterinarios sostienen que esta medida está teniendo efectos negativos directos en la salud de los animales. Además, denuncian que la prohibición de vender medicamentos en clínicas veterinarias dificulta el acceso a los tratamientos.

Según la Patronal de Clínicas Veterinarias, las farmacias no siempre tienen en stock los medicamentos necesarios, lo que obliga a los propietarios a esperar días para obtenerlos. En contraste, los veterinarios podrían acceder a ellos en 24 horas, pero la normativa les impide dispensarlos directamente a los dueños de las mascotas.

Protesta masiva el 5 de marzo en Madrid

Ante esta situación, los veterinarios han convocado una manifestación nacional el 5 de marzo frente al Ministerio de Agricultura en Madrid. La Patronal de Clínicas Veterinarias de Baleares, que recientemente realizó un parón simbólico de una hora, ha confirmado su asistencia.

El presidente de la patronal, Andreu Oliver, ha declarado que los veterinarios solo quieren poder medicar a sus pacientes basándose en criterios científicos y no en restricciones burocráticas. Por su parte, el Colegio de Veterinarios de Baleares ha solicitado una moratoria y una aplicación más flexible de la normativa mientras se estudian soluciones alternativas.

Un conflicto sin resolver

Mientras la Administración defiende la normativa como una medida necesaria para combatir la resistencia a los antibóticos, los veterinarios advierten que la salud de miles de animales está en juego. Con las protestas en marcha y el sector en pie de guerra, el futuro del decreto sigue siendo incierto.

La situación pone en evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio entre el control del uso de antibióticos y la capacidad de los profesionales para atender a los animales sin trabas burocráticas que puedan costarles la vida.