La cesión de fronteras a los Mossos significará la reubicación de 3.400 agentes

El acuerdo entre el PSOE y Junts, que permitirá a los Mossos asumir el control de fronteras, aeropuertos, puertos y Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a partir de septiembre tendrá como consecuencia directa el traslado forzoso de 3.400 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional fuera de Catalunya. 

Esta decisión, que ha caído como un jarro de agua fría entre los sindicatos policiales, ha provocado una oleada de indignación y acusaciones de "traición" y "desmantelamiento" de las fuerzas de seguridad del Estado en Catalunya.  JUCIL, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha exigido la comparecencia inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones sobre este acuerdo que, según denuncian, contradice sus propias palabras y pone en riesgo la seguridad nacional.

El malestar es especialmente palpable entre los 170 guardias civiles destinados en el Aeropuerto de El Prat y los 200 del Puerto de Barcelona, que ven peligrar sus puestos de trabajo tras la llegada de los Mossos. 

La incipiente "furia sindical" que representa los intereses de estos agentes es solo la punta del iceberg de un conflicto que amenaza con profundizar la división y la polarización en la sociedad catalana.

El acuerdo ha generado debate sobre el reparto de competencias en materia de seguridad y la proporcionalidad de efectivos policiales en las diferentes comunidades autónomas.   Mientras que en el resto de España (salvo Navarra y País Vasco) la seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional y la Guardia Civil, en Catalunya los Mossos asumirán un papel cada vez más relevante.

Con la incorporación de los 1.600 nuevos agentes, Catalunya contará con una tasa de 1 policía por cada 300 habitantes, mientras que la media en España es de 1 agente por cada 190 habitantes.   Este dato abre un interrogante sobre la necesidad de revisar el modelo de distribución de efectivos policiales en el conjunto del país.

La asunción de competencias por parte de los Mossos plantea interrogantes sobre qué tareas asumirán exactamente, ya que hasta ahora la seguridad en puertos y aeropuertos correspondía a la Policía Nacional y la Guardia Civil.  Este nuevo escenario abre un complejo debate sobre la coordinación entre cuerpos policiales, la necesidad de aumentar los recursos de los Mossos y el impacto que tendrá en la seguridad de Catalunya.

Los Mossos advierten: falta de efectivos para asumir competencias en inmigración

A día de hoy, la plantilla de los Mossos d'Esquadra enfrenta un problema estructural: el envejecimiento de sus agentes. Según datos sindicales, más de 7.500 efectivos tienen entre 46 y 57 años, lo que implica que en los próximos años un gran porcentaje de la fuerza operativa pasará a desempeñar funciones administrativas o se jubilará. Albert Palacio, portavoz del sindicato Uspac, alerta de que "si no se refuerza el personal de manera efectiva, podríamos quedarnos con 17.000 efectivos reales, menos que los actuales".

El problema no es solo de personal, sino también de infraestructura. "En muchas comisarías de Lérida y Gerona faltan patrullas y los edificios están obsoletos", denuncia Palacio. La llegada de 1.500 nuevos agentes en septiembre no cubrirá las futuras bajas, lo que genera preocupación sobre la capacidad del cuerpo para asumir las nuevas responsabilidades.

Competencias y riesgos en la seguridad

El pacto entre el Gobierno central y Junts contempla que los Mossos ejerzan competencias por delegación en puertos, aeropuertos y otros puntos críticos, colaborando con la Policía Nacional y la Guardia Civil. También gestionarán el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en Barcelona y podrán ejecutar expulsiones de inmigrantes con prohibición de entrada sin necesidad de un expediente previo.

No obstante, los sindicatos alertan de que esta ampliación de competencias podría poner en riesgo otras funciones clave del cuerpo. "Si la plantilla no se refuerza adecuadamente, se tambaleará el sistema de seguridad de Cataluña", advierte Imma Viudes, portavoz de Sap-Fepol. Recuerda que en 2006, cuando los Mossos asumieron la seguridad ciudadana en Barcelona y Tarragona, la falta de previsión comprometió la operatividad del cuerpo.

Formación y coordinación con otros cuerpos

Otro desafío pendiente es la capacitación de los agentes para asumir estas nuevas responsabilidades. "Se requiere formación específica en control de fronteras y gestión migratoria, y actualmente no la tenemos", reconoce Palacio. La capacitación, que según los sindicatos debe incluir cursos especializados impartidos por Aena y otras entidades, aún no está planificada.

Por otro lado, la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil también es clave para evitar conflictos competenciales. "Nosotros no tenemos problema en colaborar, pero sin una planificación clara, quien acabará pagando las consecuencias será la ciudadanía", subraya Viudes.

Incertidumbre ante la aplicación del acuerdo

El acuerdo de cesión de competencias a la Generalitat aún está pendiente de materializarse. La proposición de ley registrada en el Congreso tras el pacto entre PSOE y Junts no ha sido aprobada y quedan por definir los plazos y detalles de su implementación. Mientras tanto, los Mossos insisten en la necesidad de dotar de los recursos humanos y materiales necesarios para que la ampliación de competencias no derive en un colapso de la seguridad en Catalunya

"Nosotros cumplimos con lo que se nos ordena, pero necesitamos garantías para no desbordar a una plantilla ya saturada", concluye David Miquel, portavoz del sindicato SPC. Los próximos meses serán claves para definir el futuro de la seguridad y el control migratorio en Catalunya