Malas noticias para Greenpeace: debe pagar 605 millones de euros a una petrolera
La multa pone en serio riesgo la continuidad de la ONG ambientalista
La organización ambientalista Greenpeace ha sido condenada en Estados Unidos a pagar 660 millones de dólares (unos 605 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios a la compañía energética Energy Transfer. El fallo fue emitido por un jurado en Dakota del Norte, que responsabilizó a Greenpeace de difamación en relación con las protestas contra el controvertido oleoducto Dakota Access.
El veredicto, decidido por un jurado compuesto por nueve personas tras tres semanas de juicio, supone un duro golpe para la ONG, que ya ha anunciado su intención de apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte. La indemnización, según ha explicado la organización, se repartiría entre sus filiales en Estados Unidos (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International, con sede en Países Bajos.
Desde la organización denuncian que el fallo sienta un peligroso precedente. La directora ejecutiva interina de Greenpeace USA, Sushma Raman, ha advertido que el caso "debería alarmar a todo el mundo, sin importar su ideología". Según Raman, el veredicto es parte de "un esfuerzo renovado de las corporaciones para convertir los tribunales en armas que buscan silenciar la disidencia". Y ha añadido: "Todos deberíamos preocuparnos por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es socavar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión".
El director ejecutivo de Greenpeace International, Mads Christensen, ha ido más allá, afirmando que la decisión judicial refleja "un peligroso regreso a prácticas que han alimentado la crisis climática y el racismo ambiental, priorizando las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y del futuro del planeta". Christensen vinculó la sentencia a los retrocesos medioambientales vividos durante el mandato de Donald Trump, al que acusó de desmantelar protecciones clave para el medio ambiente y los derechos indígenas. "Ahora, junto con sus aliados, buscan terminar el trabajo silenciando las protestas. Pero no cederemos", aseguró.
Desde España, la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, también ha reaccionado, calificando el fallo como "un momento triste para el activismo y la desobediencia civil". A pesar de ello, Saldaña ha reafirmado el compromiso de la organización. "Esta sentencia no es el final de nuestra lucha contra las grandes petroleras. Vivimos tiempos difíciles, pero Greenpeace es más necesario que nunca", y concluyó diciendo que "seguiremos defendiendo la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. No retrocederemos. No nos silenciarán".
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