Alertan del "colapso total" de los juzgados de violencia sobre la mujer en Catalunya: "Es inasumible"

Los juzgados de violencia sobre la mujer en Catalunya podrían enfrentar un "colapso total" debido al aumento de la carga de trabajo derivada de la nueva ley que atribuye a estos órganos judiciales la competencia sobre todos los delitos de violencia sexual. Esta alarmante advertencia ha sido emitida por representantes de los jueces especializados en violencia de género, quienes han manifestado su preocupación por la imposibilidad de asumir más casos sin que se vea afectada gravemente la calidad y rapidez en la atención judicial a las víctimas.

El pasado 3 de marzo, 135 jueces de violencia sobre la mujer en toda España alertaron sobre las consecuencias de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor en febrero de 2025. Esta reforma implica que los juzgados de violencia sobre la mujer deberán asumir también los casos relacionados con delitos de violencia sexual, aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima. Tal ampliación de competencias ha generado un tremendo desajuste en un sistema que ya se encontraba sobrecargado.

El martes de esta semana, se llevará a cabo una reunión crucial entre los representantes de los jueces de violencia sobre la mujer y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en Madrid, en la sede del Ministerio de Justicia. Este encuentro tiene como objetivo discutir la situación crítica de los juzgados y tratar de buscar soluciones ante el "colapso total" que se prevé. La reunión se produce después de que el 8 de marzo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunciara un aumento del 50% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer, como parte de un plan para mejorar la atención a las víctimas. Sin embargo, muchos cuestionan si esta medida será suficiente para resolver el problema, especialmente si, de momento, no están llegando esos nuevos jueces. 

La carga aumentará especialmente en Catalunya

En Catalunya, la situación es especialmente grave. Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se estima que la carga de trabajo de los juzgados de violencia sobre la mujer en esta comunidad autónoma aumentará un 20,25%, la cifra más alta de todo el país. Este incremento se debe a la entrada en vigor de la nueva ley, que obliga a los juzgados de violencia sobre la mujer a hacerse cargo también de los delitos de violencia sexual. Esto representa un desafío monumental para un sistema que ya enfrenta retrasos y dificultades para gestionar los casos de violencia de género.

La jueza Myriam Quintero, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Sevilla, ha destacado que el verdadero problema no radica únicamente en el aumento del número de casos, sino en la calidad de la atención que estos juzgados podrán ofrecer. "No es un problema cuantitativo, sino cualitativo", señala. Casos como la trata de personas o los delitos sexuales requieren un esfuerzo considerable en cuanto a diligencias judiciales, lo que podría hacer que muchos juzgados colapsen. Además, los juzgados de violencia sobre la mujer, a diferencia de los de instrucción, no tienen el mismo régimen de guardias, lo que limita aún más su capacidad para hacer frente a este nuevo volumen de trabajo.

El CGPJ ha estimado que la carga de trabajo en los juzgados de violencia sobre la mujer podría aumentar un 12,9% a nivel nacional con la implementación de la nueva ley. Sin embargo, este aumento no será homogéneo, ya que algunas comunidades, como Catalunya, se verán mucho más afectadas. Otras comunidades autónomas como las Illes Balears, Murcia, Galicia, Navarra y Castilla y León también experimentarán incrementos significativos en la carga de trabajo.

Además, esta situación ha generado un malestar generalizado entre la ciudadanía y el personal judicial, que clama por una solución inmediata. La preocupación no solo se centra en la sobrecarga de los juzgados, sino también en la falta de recursos y personal adecuado para abordar estos nuevos casos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue exigiendo medidas que garanticen una atención efectiva a las víctimas de violencia de género y sexual, sin que la sobrecarga judicial afecte la calidad de la justicia.

El conflicto también ha generado críticas por parte de los sindicatos judiciales, que denuncian que el sistema actual es insostenible y que las reformas no están siendo suficientes para hacer frente a los retos que presenta el nuevo enfoque de la ley. La necesidad de una revisión profunda del sistema judicial y de la distribución de los recursos se presenta como una prioridad si se quiere garantizar que las víctimas de violencia de género y sexual reciban la protección y la atención que merecen.

El futuro de los juzgados de violencia sobre la mujer en Catalunya y en el resto de España parece incierto, y la presión sobre el sistema judicial solo aumentará si no se implementan soluciones adecuadas en el corto plazo.