El plan contra los multirreincidentes en Barcelona ya está en marcha pero con detalles judiciales sin resolver

El objetivo principal es combatir el aumento de delitos contra el patrimonio y mejorar la eficacia del sistema judicial. Entre las medidas más destacadas, se incluyen la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal para juicios rápidos y la puesta en marcha de un tercer juzgado de instrucción de guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves.

El 17 de marzo comenzó a operar el tercer juzgado de delitos leves, mientras que los cuatro juzgados penales de refuerzo fueron aprobados económicamente en diciembre y comenzarán a funcionar una vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seleccione a los jueces correspondientes. El plan surge como respuesta al "incremento significativo" de delitos contra el patrimonio en Barcelona, los cuales, aunque no suelen ser graves ni causar lesiones físicas, generan una sensación de inseguridad debido a su frecuencia en zonas comerciales, el transporte público y áreas turísticas.

Durante 2023, el Plan de Acción Tremall, desarrollado por la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, identificó a 487 personas implicadas en más de 6.000 delitos, principalmente hurtos y robos. La reiteración de estos delitos, junto a una mayor capacidad de detección y registro por parte de las autoridades, ha incrementado la carga de trabajo de los juzgados, lo que ha ralentizado los tiempos de respuesta y dificultado la resolución ágil de los casos.

Medidas para reducir la sobrecarga judicial

El plan busca aliviar esta sobrecarga mediante la creación de los nuevos juzgados penales, lo que permitirá duplicar las sentencias en juicios rápidos relacionados con hurtos y robos. De este modo, se reducirá el tiempo necesario para celebrar los juicios y agilizará la respuesta judicial ante los delitos. Además, el Ministerio de la Presidencia se encargará de los costes relacionados con los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, mientras que la Generalitat asumirá los costes de los funcionarios y la ampliación de salas de vistas.

La implementación del tercer juzgado de instrucción de guardia también tendrá un impacto significativo, ya que se estima que este juzgado celebrará unos 24 juicios diarios por delitos leves. Esto permitirá aumentar en un tercio la cantidad de juicios de este tipo que se celebran cada día, reduciendo considerablemente el tiempo de espera para su resolución.

Mayor acceso a información para la Guardia Urbana

Otra de las medidas incluidas en el plan es el acceso de la Guardia Urbana al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), una base de datos que contiene información sobre sentencias, medidas cautelares y penas. Este acceso facilitará la identificación de los multirreincidentes, ya que los agentes de la Guardia Urbana son quienes, en muchos casos, tienen el primer contacto con los delitos. De este modo, podrán verificar si un individuo tiene antecedentes penales y si corresponde aplicar una agravante por reincidencia.

Un plan con desafíos por resolver

A pesar del despliegue de medidas, el plan enfrenta desafíos importantes. Fuentes judiciales han señalado que, en lugar de los cuatro nuevos juzgados de lo penal con plazas específicas, se han destinado dos jueces en comisión de servicio y otros dos serán rotados entre ocho jueces que ya gestionan casos en sus respectivos juzgados. Además, el aumento de la carga de trabajo continúa siendo un problema. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los asuntos penales en Barcelona crecieron un 8% en 2024 en comparación con el año anterior, con alrededor de 146.000 casos pendientes.

Otro aspecto crítico señalado por los expertos es la falta de juzgados de ejecutoria, encargados de revisar las sentencias y garantizar su cumplimiento. Actualmente, solo cuatro de los 29 juzgados de lo penal en Barcelona se ocupan de este tipo de tareas. Se estima que, para una solución efectiva, serían necesarios al menos seis nuevos juzgados, cuatro de ellos para el enjuiciamiento de casos y dos para ejecutar las sentencias.

Reformas necesarias en el Código Penal

El plan también pone de manifiesto una cuestión pendiente en el ámbito penal: la necesidad de revisar la reforma del Código Penal de 2022, que modificó la tipificación del hurto. Actualmente, los hurtos de menos de 400 euros solo pueden ser penados con prisión si el autor ha sido condenado en otras tres ocasiones y esas condenas están ejecutadas. Sin embargo, la ejecución de las sentencias sigue siendo un obstáculo importante para sancionar a los multirreincidentes.

Las fuentes judiciales insisten en que, aunque las nuevas medidas son un refuerzo necesario, la falta de recursos y una reforma estructural más profunda son fundamentales para resolver el problema de la multirreincidencia de manera efectiva. Sin los medios adecuados y un compromiso presupuestario, advierten, las reformas se quedarán en promesas incumplidas y no conseguirán el objetivo de reducir la criminalidad de manera sostenible.

Con el plan en marcha, se espera que a finales de marzo o principios de abril los nuevos juzgados penales comiencen a operar. Sin embargo, las fuentes judiciales advierten que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda mucho por hacer para solucionar los problemas estructurales del sistema judicial y garantizar que los delitos se resuelvan a tiempo y de manera efectiva.