Apurando hasta el final para comunicar la cifra de menores migrantes atendidos

Las comunidades autónomas han apurado hasta este lunes 31 de marzo el plazo para certificar al Gobierno el número de menores migrantes no acompañados que tienen en acogida actualmente.

Así, según se desprende del real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros la semana pasada, este lunes 31 es el último día para aportar la cifra que ha pedido a las autonomías el Ministerio de Juventud e Infancia. Este dato será clave para conocer la cantidad de niños y adolescentes que se distribuirán a las comunidades autónomas, fruto del acuerdo entre Junts y Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

Si bien, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se mostró este martes dispuesto a dar más tiempo a las autonomías para aportar el dato de los menores migrantes no acompañados que acogen. 

"Yo defiendo que lógicamente mejor transparencia que certificar las comunidades autónomas el número de menores inmigrantes extranjeros no acompañados que tengan no hay, y si alguna comunidad tiene alguna dificultad, aunque el real decreto-ley establece un plazo límite del 31 de marzo, lo podemos hablar para que puedan tener el tiempo suficiente para que puedan certificar", señaló en declaraciones a medios en el Senado.

¿Cuántos son?

Antes de conocerse el plazo para que las comunidades autónomas aporten el número de niños y adolescentes que acogen, Europa Press llevó a cabo un recuento, del que se desprende que las autonomías tienen en acogida a más de 10.000 menores migrantes no acompañados.

Precisamente, el Tribunal Supremo (TS) acordó la medida cautelar que le había solicitado el Gobierno canario y ha dado diez días al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valoró que se trata de una medida "imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores -- según resulta notorio-- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger".

En este sentido, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han indicado a Europa Press que "los servicios jurídicos del Gobierno están estudiando las medidas cautelares aceptadas por el Supremo".