La Audiencia de Barcelona ordena la apertura de juicio oral por la estafa de BBServeis tras 12 años de espera

El caso se originó en diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción número 11, donde se dictó un auto de sobreseimiento provisional el 26 de noviembre de 2024.

 La acusación particular, representada por María José Alarcón Vicente y otros, recurrió esta decisión, alegando la existencia de indicios racionales de actividad delictiva.  

Tras la tramitación del recurso, la Audiencia Provincial ha fallado a favor de la parte apelante, considerando que el auto de sobreseimiento vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. El tribunal ha argumentado que existen indicios racionales de criminalidad en los hechos denunciados, tal y como se había expuesto en un auto de procedimiento abreviado previo.  

Vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiv" implica, en este contexto específico, privar a la parte apelante (en este caso, María José Alarcón Vicente y otros) de la posibilidad de que se celebre un juicio oral para el enjuiciamiento de los hechos denunciados en la querella, los cuales, según el tribunal, presentan indicios racionales de criminalidad.  

Es decir, la Audiencia Provincial considera que al dictar el sobreseimiento, se está impidiendo que el proceso avance hasta la fase de juicio donde se podrían valorar las pruebas y determinar la responsabilidad penal de los acusados.  

En consecuencia, la Audiencia Provincial ha ordenado que se dicte un nuevo auto de apertura del juicio oral para que se proceda al enjuiciamiento de los hechos. Además las costas de la apelación han sido declaradas de oficio.  

Tras 12 años empantanado en los juzgados se abrirá juicio oral en el caso BBServeis

En el concurso de Instituto Geriátrico Fénix S.L., se apreció una simulación patrimonial en la venta de las participaciones que dicha entidad tenía en BBS.   

La tentación de enriquecerse ilícitamente con fondos públicos destinados al cuidado de mayores antecede a la crisis del COVID-19. Un ejemplo emblemático es el caso del grupo BB Serveis, considerado la mayor trama delictiva detectada en el sector residencial, desmantelada por la Guardia Civil el 23 de febrero de 2016.

Esta trama habría perjudicado gravemente a más de 750 personas mayores, que recibieron cuidados deficientes, y a 2.000 empleados que llegaron a sufrir impagos de hasta siete meses, enfrentándose a situaciones extremas de precariedad económica e incluso desahucios.

Un grupo de trabajadores fue clave en desmantelar esta red criminal. La Plataforma de Afectados BB Serveis, creada en 2011 por María José Alarcón, Roberto Martínez y Eduard Montells, presentó una querella en enero de 2013. Gracias a su denuncia, la Guardia Civil detuvo en 2016 a cinco directivos del grupo por delitos de organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y vulneración de derechos laborales.

Además, la Plataforma decidió visibilizar las penurias sufridas por ancianos y empleados mediante el documental "Pactos de silencio", dirigido por Toni Navarro, donde extrabajadores relatan situaciones extremas de abandono y precariedad.

La investigación reveló que los responsables de BB Serveis operaban con una estructura piramidal, liderada por Jesús Puyoles, seguido por Ismael Soriano y Alain J. Dominique Hernández, con otros implicados como Diego Parra y Bauduin Noel Antoon Hayen. Esta organización, mediante empresas franquiciadas en toda España, obtuvo cerca de 90 adjudicaciones públicas y desvió fondos destinados al cuidado de ancianos, dejando sin pagar salarios, Seguridad Social e impuestos. Parte del dinero se destinó a bienes de lujo, como vehículos de alta gama.

La Guardia Civil identificó movimientos financieros internacionales, incluyendo cuentas en Andorra y Suiza, y la empresa luxemburguesa Primedale Participation SA, vinculadas al blanqueo de capitales procedentes del fraude.

Actualmente, dos implicados, Ismael Soriano y Diego Parra, continúan activos en el sector residencial, gestionando residencias en Catalunya hecho que genera indignación entre los afectados. Aunque inspecciones recientes de la Generalitat no reportan irregularidades significativas en estos centros, la continuidad de estos directivos en el sector es cuestionada.

Desde la Plataforma de Afectados BB Serveis destacan la necesidad urgente de un cambio en el modelo residencial, reclamando que el cuidado de mayores sea exclusivamente público, para evitar el lucro a costa de necesidades básicas. También denuncian la falta de protección efectiva para quienes alertan sobre la corrupción, reivindicando una mayor protección legal para los denunciantes.

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