Guerra de la basura en Tarragona

En un giro inesperado y tenso, la crisis del contrato de la basura en Tarragona ha alcanzado nuevas dimensiones legales y políticas. Apenas 24 horas después de que el pleno del Ayuntamiento de Tarragona aprobara adjudicar el servicio de gestión de residuos urbanos a la segunda clasificada del concurso, Urbaser, la tercera clasificada, FCC, ha reaccionado con dureza. La empresa ha registrado un escrito en el que amenaza con iniciar acciones legales contra el alcalde Rubén Viñuales (PSC) y 13 concejales si se firma el contrato con Urbaser la próxima semana. Esta amenaza se refiere a la posibilidad de que los responsables de la adjudicación incurran en “incumplimientos flagrantes” de la normativa, lo que podría acarrear responsabilidades administrativas y penales.

El desencadenante: La adjudicación a Urbaser y el conflicto con FCC

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona, celebrado este jueves, aprobó la adjudicación del contrato de la basura a Urbaser, empresa que quedó en segundo lugar en el proceso de licitación. La decisión fue tomada con los votos favorables del PSC, Junts y los dos concejales no adscritos, mientras que la oposición, encabezada por ERC, Comuns y Vox, mostró su rechazo, advirtiendo sobre la posibilidad de un delito de prevaricación.

El contrato, que asciende a 208 millones de euros durante los próximos 10 años, lleva varios años en el limbo debido a múltiples recursos interpuestos por las empresas participantes y varias resoluciones judiciales que han paralizado el proceso. FCC, la empresa saliente que ha gestionado el servicio de limpieza pública de Tarragona desde 2002, ha sido la más vocal en sus críticas al proceso y ahora ha intensificado su oposición, alegando que la adjudicación a Urbaser no solo es ilegal, sino también injusta.

La reacción de FCC: alegaciones y amenazas legales

En un escrito registrado en la administración municipal, FCC denuncia lo que considera un “abuso de derecho” por parte del Ayuntamiento. Según la empresa, la adjudicación a Urbaser se ha hecho de manera “artificiosa” y contraviene la resolución del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. FCC asegura que se ha vulnerado su derecho a la defensa, al no permitirse la interposición de recursos administrativos, lo que, según la empresa, constituye una “ilegalidad flagrante”.

La compañía amenaza al alcalde y los concejales con iniciar acciones legales, advirtiendo que continuar con la firma del contrato podría implicar graves consecuencias, incluidas responsabilidades penales. FCC también cuestiona la legalidad del proceso al señalar que la resolución del tribunal no especificaba que el contrato debía ser adjudicado a la segunda clasificada, sino que simplemente anulaba la adjudicación a la primera.

La postura del Ayuntamiento y el respaldo legal

Por su parte, el Ayuntamiento de Tarragona mantiene su postura de que la adjudicación a Urbaser es totalmente legal. El alcalde Viñuales ha defendido la decisión, asegurando que se trata de una ejecución de una resolución judicial y que el proceso sigue los informes favorables de los servicios económicos, técnicos y jurídicos del consistorio. Aunque la oposición, especialmente ERC, ha alertado sobre el riesgo de incurrir en un delito de prevaricación, el secretario general del Ayuntamiento descartó cualquier irregularidad, afirmando que no existen indicios de conducta ilegal.

El propio alcalde, Rubén Viñuales, respondió con firmeza a las críticas de ERC y otros partidos de la oposición, asegurando que no tomará decisiones en contra de la legalidad. En un tono desafiante, afirmó: "No iré a la prisión por sus órdenes", subrayando la seguridad jurídica de la decisión tomada.

El contrato de la basura: un proceso largo y complicado

El contrato para la gestión de la basura en Tarragona ha sido uno de los temas más conflictivos y prolongados en la administración municipal. Con un valor de 234 millones de euros para los próximos 10 años, este contrato es el más grande en la historia del consistorio tarraconense. El proceso comenzó hace más de dos años, pero ha estado marcado por diversos obstáculos legales, incluyendo recursos de FCC y otras empresas, así como decisiones judiciales que han ralentizado la adjudicación.

La adjudicación final a Urbaser se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificara la exclusión de la oferta ganadora inicial, GBI Paprec, y ordenara continuar el proceso con Urbaser. Aunque el contrato ha sido aprobado, aún se enfrenta a la posibilidad de nuevos recursos por parte de FCC, lo que podría retrasar aún más su ejecución.

Los próximos pasos y el futuro del servicio de limpieza pública

El contrato con Urbaser debe ser formalizado en los próximos días, con un período de diez días abierto para que la empresa presente la documentación necesaria. A pesar de la resolución judicial que obliga al Ayuntamiento a seguir adelante con la adjudicación, la amenaza de nuevos recursos sigue presente. En este contexto, el gobierno municipal espera poder contar con la nueva empresa operando antes de finales de 2025, tras más de una década con el contrato prorrogado.

La situación sigue siendo tensa y complicada, con un proceso judicial que podría alargarse aún más si FCC decide recurrir nuevamente la adjudicación. La incertidumbre sobre la legalidad y el futuro del contrato mantiene en vilo tanto a las autoridades locales como a las empresas implicadas.