Un expolicía de Tarragona acepta 2 años de prisión por quedarse con el dinero de las multas

El acusado sancionaba principalmente a conductores extranjeros, que abonaban las multas en efectivo y en la vía pública con la reducción del 50%

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Imagen de recurso de la Guardia Urbana de Tarragona - Tarragona.cat

 

Un agente que trabajó en la Guàrdia Urbana de Tarragona entre noviembre de 2018 y octubre de 2020 ha aceptado una pena de 2 años de prisión por quedarse con el dinero de las multas y ocultar los boletines de denuncia en su taquilla de la comisaría.

En la sentencia de conformidad de la Sección 2 de la Audiencia de Tarragona, consultada por Europa Press, queda probado que mientras estuvo adscrito a la Unidad de Tráfico y a la Unidad de Vigilancia de Playas, "con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial y valiéndose de su cargo y de las funciones que le eran encomendadas, incorporó a su patrimonio los importes de las multas que imponía".

El acusado sancionaba principalmente a conductores extranjeros, que abonaban las multas en efectivo y en la vía pública con la reducción del 50%, sin que el acusado procediera, como establece la normativa, a dar cuentas al responsable y a ingresar estas sumas de dinero, que hacen un total de 600 euros, en la cuenta bancaria de la Base de Gestión de Ingresos de la Diputación de Tarragona.

El acusado ha aceptado una pena de 1 años y 3 meses de prisión y 1.350 euros de multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 2 años y 3 meses por el delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos y 9 meses de prisión y 675 euros de multa por un delito continuado de malversación de caudales públicos e inhabilitación durante 1 años y 6 meses y, en concepto de responsabilidad debe indemnizar al Ayuntamiento de Tarragona con 600 euros.

Sin embargo, no ingresará en prisión, pues antes del juicio consignó 800 euros --un hecho que ha sido valorado como una atenuante de reparación del daño-- y no tiene antecedentes computables, por lo que la pena privativa de libertad queda suspendida con la condición de que no delinca en el plazo de dos años.

 

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