Polémica absolución de un trabajador de Stop Okupas acusado de agredir a un vecino del Poble Sec de Barcelona

Ajmal Rashid Butt, trabajador de la empresa Stop Okupas, ha sido absuelto por la presunta agresión a un vecino de la finca de Magalhães 33 bis, Poble Sec, Barcelona. En abril de este año, el trabajador agredió con un puñetazo a un habitante de la finca tras una concentración para exigir el fin del acoso inmobiliario que, aún hoy en día, están sufriendo las vecinas del bloque. A lo largo de los últimos diez meses, "las vecinas han sufrido cortes de luz, rotura de la puerta de la finca, rotura de bajantes, agresiones físicas y verbales y sabotajes en las instalaciones de agua, luz y cerraduras por parte de unos matones contratados por la propiedad", según denuncian desde el Sindicato de Llogaters.

La absolución polémica

Eugenia Canal Bedia, titular del juzgado de instrucción 2, considera insuficiente el vídeo aportado por el vecino agredido donde se observa toda la secuencia previa al puñetazo. El agredido es quien graba los acontecimientos, y por tanto resulta imposible ver el puñetazo en sí mismo, ya que éste se da justo detrás de su móvil. La jueza ha ignorado también el testimonio de la acusación, una vecina del Sindicato de Aldea que vio la agresión desde cerca, prefiriendo dar validez al relato de un mozo de escuadra que admitió encontrarse a 30 metros de los hechos y haber visto un "rifi-rafe". Este forcejeo, relatado por el policía, corresponde a los momentos posteriores a la agresión, cuando Rashid intenta romper el móvil del vecino con una patada y el habitante se interpone para impedirlo. El recurso a la sentencia está en estudio por parte de Simón Cava, el abogado de las vecinas.

Dos denuncias por agresión y una querella por acoso

Esta denuncia por agresión se suma a otras acciones legales que las vecinas de la finca han impulsado en los últimos meses para que la justicia interviniese en el grave proceso de acoso que están sufriendo.

Por un lado, las vecinas interpusieron otra denuncia penal por agresión contra Larbi Hicham Yastomi, administrador único de Stop Okupas Low Cost SL, quien comparecerá el próximo 22 de octubre ante un juez. "El trabajador agredió en febrero a un vecino de la finca que grabó los hechos. El vídeo es publicado en las redes sociales", denuncia el Sindicato de Llogaters.

Por otra parte, las vecinas de la finca interpusieron una querella por acoso en abril contra los tres directivos del fondo Workki Co-Working, propiedad de la finca, y contra el administrador de Stop Okupas Low Cost. En este procedimiento, dos directivos del fondo comparecieron el pasado jueves ante el juez que les está investigando.

Los directivos admitieron tener un acuerdo con Stop Okupas y explicaron que pese a tener un cargo societario menor, quien gestiona la finca es Alexander Smirnov, que vive presuntamente en Chipre. Yuri Gorbushyn, también investigado y jefe de obra del fondo buitre, ha admitido en una conversación, grabada por las vecinas, que es Smirnov quien ordena los sabotajes.

El juez, finalmente, ha incluido a las empresas como investigadas y ha solicitado a Fiscalía que informe si ordena restablecer el servicio de agua, inutilizado desde hace seis meses como estrategia de acoso. Los habitantes entregaron un informe técnico de una arquitecta colegiada que explica el estado de las instalaciones de agua debido a los sabotajes llevados a cabo por la propiedad.

Acoso constante

Mientras, el acoso sigue en la finca. En el último mes y medio se han producido una serie de sabotajes que han dejado dos veces a las vecinas sin luz durante varios días. "Además, el martes 17 un requesón de la propiedad intentó reventar con un martillo y una escarpia la puerta de entrada de la finca a plena luz del día. Los matones han saboteado varias veces las cerraduras de las puertas de acceso a los pisos de la finca. Finalmente, han agredido a un habitante de la finca y han construido un techo tapando el patio interior, violando la normativa urbanística Todo ello se suma a 10 meses de constantes agresiones, tanto físicas a los habitantes, como materiales en las instalaciones de la finca", denuncia el sindicato en un comunicado.

Pese a las denuncias, querellas penales y una denuncia administrativa, las autoridades no han tomado partido en este grave caso de acoso inmobiliario, dejando a las vecinas expuestas a la violencia de los trabajadores de Stop Okupas con quienes comparten la finca. Gracias a la organización ya todo el apoyo vecinal y del Sindicato de Llogaters, las vecinas resisten a las agresiones para defender el derecho a la vivienda ante la especulación y la empresa de matones que quiere expulsarlas ilegalmente.