Las agresiones graves a funcionarios en las cárceles catalanas, triplicadas en la última década

Según ha registrado Ramón Espadaler en el Parlament, en 2013 se registraron 17 incidentes y en 2023, 57

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Funcionarios de prisiones protestan con una pancarta durante una concentración frente al Centro Penitenciario Brians 2, a 25 de marzo de 2024, en Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona. Foto: Europa Press

 

En los últimos diez años, las agresiones a funcionarios de prisiones en Catalunya han experimentado un incremento muy preocupante, especialmente en lo que respecta a los incidentes considerados graves. Mientras que en 2013 se registraron 17 agresiones graves, en 2023 esta cifra se ha triplicado, alcanzando los 57 incidentes. Así lo ha atestiguado en el Parlament Ramón Espadaler, pel conseller de Justícia i Memòria Democràtica, en una estadística a la cual ha tenido acceso El Món. 

Este aumento es especialmente grave si se tiene en cuenta que, durante el mismo periodo, la población reclusa ha disminuido significativamente, pasando de 9.818 internos en 2013 a 7.713 en 2022. Aunque hay menos reclusos, los episodios de violencia han aumentado, poniendo en entredicho la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

 

¿Cuándo se considera que una agresión es grave?

Las agresiones en los centros penitenciarios se clasifican en dos categorías: graves y leves. Las agresiones graves son aquellas que requieren asistencia médica externa y generan una incapacidad laboral temporal, mientras que las agresiones leves no conllevan baja laboral. Este tipo de violencia tiene un impacto significativo no solo en la seguridad física de los funcionarios, sino también en su bienestar psicológico y emocional. Los centros penitenciarios más afectados por estos incidentes son Brians 1, Quatre Camins y Puig de les Basses.

A lo largo de la última década, los incidentes graves han seguido una tendencia ascendente. Desde 17 en 2013, pasando por picos de 35 y 36 incidentes en 2018 y 2019 respectivamente, hasta llegar a los 57 registrados en 2023. Esta tendencia se ve reflejada también en el número de funcionarios afectados. En 2017, 31 funcionarios sufrieron agresiones graves, mientras que en 2023 esta cifra aumentó a 75. Este incremento de casi un 150% en seis años refleja una situación de deterioro en la seguridad laboral del personal penitenciario.

De manera similar, las agresiones leves han crecido de manera sostenida. En 2013 se contabilizaron 28 incidentes leves, mientras que en 2023 esta cifra se disparó a 314. El incremento más pronunciado se produjo entre 2021 y 2022, cuando los incidentes leves casi se duplicaron, pasando de 152 a 342 en un solo año. Este aumento masivo en los incidentes leves es indicativo de un entorno cada vez más hostil dentro de los centros penitenciarios, donde los funcionarios enfrentan una presión constante y situaciones de riesgo de manera recurrente.

El impacto de esta violencia se extiende a las agresiones sin lesiones físicas visibles, que también han aumentado considerablemente. En 2017, 102 funcionarios reportaron este tipo de agresiones, cifra que se elevó a 296 en 2023. Esto demuestra la creciente vulnerabilidad del personal penitenciario, que no solo enfrenta el desafío de manejar una población reclusa compleja, sino también de trabajar en un ambiente donde la amenaza de violencia es constante.

 

Posibles soluciones

Aunque es un grave caso, no es aislado. Por ejemplo, en América Latina, especialmente en países como Brasil, México y Honduras, la tasa de homicidios en las cárceles fue 20 veces mayor que la tasa nacional promedio durante 2017. Para enfrentar esta problemática, implementaron medidas como la mejora de la seguridad, la capacitación del personal y la promoción de programas de rehabilitación para los reclusos. Si en Catalunya no se aplican nuevas medidas, es probable el personal penitenciario continúe enfrentándose a una realidad laboral marcada por el riesgo y la incertidumbre, con consecuencias potencialmente devastadoras para su salud y bienestar.

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