Desarticulada una banda criminal de trata de mujeres para que se prostituyeran

Operaban en municipios de las demarcaciones de Barcelona, Sevilla y Las Palmas

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Un momento de la intervención policial, llamada Operación Luna. Foto: Policía Nacional

 

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, presuntamente mediante trata, en varios pisos prostíbulo ubicados en Barcelona, Sevilla y Las Palmas. Las víctimas, originarias de América Latina, eran captadas con ofertas de trabajo falsas en internet, lo que les llevaba a contraer una deuda de entre 3.500 y 4.000 euros por su traslado a España. Esta deuda debía ser saldada ejerciendo la prostitución las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, la organización operaba un “call center” en uno de los pisos para gestionar llamadas de clientes, atendidas por otras mujeres en condiciones de explotación laboral.

La organización también incrementaba sus ganancias mediante la venta de drogas, como cocaína, tusi y anfetaminas, a los clientes de sus pisos. Durante la investigación, se descubrió que el principal responsable de la red había movido más de 800.000 euros en los últimos cuatro años, a través de aplicaciones de pago móvil. En total, 14 personas fueron detenidas en Barcelona (10), Sevilla (2) y Las Palmas (2), una de las cuales fue ingresada en prisión provisional. Además, cuatro mujeres fueron liberadas, y cuatro pisos utilizados para la explotación sexual fueron clausurados.

La operación comenzó en 2023, cuando una denuncia alertó de una posible red de trata con fines de explotación sexual en varias provincias españolas. Las investigaciones confirmaron la existencia de la organización, que operaba principalmente en Barcelona y con ramificaciones en Sevilla y Las Palmas.

La organización reclutaba mujeres jóvenes y vulnerables en sus países de origen, ofreciéndoles empleos ficticios para trabajar en España. Tras su llegada, eran informadas de su situación real y forzadas a prostituirse para saldar la deuda adquirida por el traslado, que podía llegar a los 4.000 euros. Las víctimas eran obligadas a estar disponibles para los clientes en todo momento, recibiendo solo el 50% de las ganancias generadas.

Además, las condiciones de vida de las víctimas eran extremas: eran obligadas a vivir en los mismos pisos donde trabajaban, en condiciones insalubres y hacinadas. Muchos de estos pisos carecían de suministros básicos, como agua y electricidad, y las mujeres sufrían constantes amenazas y vejaciones. El control de sus movimientos y su vida diaria estaba totalmente restringido, incluyendo el consumo forzoso de drogas.

La investigación también destapó que el grupo se benefició de la venta de drogas y medicamentos a los clientes. En el registro de cinco domicilios de los implicados se incautaron objetos de lujo valorados en 30.000 euros, más de 4.500 euros en efectivo, así como drogas y medicamentos para disfunción eréctil.

Este operativo ha permitido la desarticulación de una red de trata que operaba de manera organizada, incrementando sus beneficios a costa de la explotación y sufrimiento de mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad.

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