Tres menores asesinan a una educadora social en un piso tutelado de Badajoz

Badajoz se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de una educadora social de 35 años en un piso tutelado de la Junta de Extremadura. Tres menores de 14, 15 y 17 años, dos chicos y una chica, han sido detenidos como presuntos autores del crimen, que ha puesto en el punto de mira la seguridad en estos centros de acogida.

Golpeada y asfixiada con un cinturón

El asesinato ocurrió el pasado domingo en la urbanización Guadiana de Badajoz. La víctima se encontraba sola en la vivienda con cuatro menores cuando, presuntamente, dos de los adolescentes la agredieron brutalmente y la asfixiaron con un cinturón. Un trabajador de otro piso tutelado fue quien dio la alerta, pero cuando la policía llegó al lugar, la mujer ya había fallecido.

Tras el crimen, los tres menores implicados robaron el coche de la víctima y huyeron. Sin embargo, su fuga terminó abruptamente a 30 kilómetros de la capital tras sufrir un accidente de tráfico. Fueron detenidos poco después y ahora están a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Menores.

Antecedentes delictivos de los agresores

Según fuentes policiales, al menos dos de los jóvenes tenían un amplio historial delictivo. Uno de ellos, de 15 años, habría cometido hasta 40 delitos en un solo fin de semana, mientras que otro, de 14 años, había agredido a su propio padre en repetidas ocasiones en apenas mes y medio. La investigación sigue abierta para esclarecer los motivos exactos del crimen.

Educadores sociales denuncian falta de seguridad

El asesinato ha desatado una ola de indignación entre los trabajadores sociales, quienes han denunciado las precarias condiciones en las que desempeñan su labor. En una concentración realizada este lunes, educadores de toda la región han exigido mayor seguridad en los centros tutelados.

Sheila Gómez, portavoz del colectivo, afirmó que "los menores son cada vez más agresivos y, en muchos casos, delinquir les sale demasiado barato". Además, denunció la falta de cámaras de seguridad y vigilancia en estos espacios, lo que, según ella, deja desprotegidos tanto a los profesionales como a los propios menores.

Este caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de control y seguridad en los centros de acogida de menores en España. Mientras tanto, la comunidad educativa y social llora la trágica pérdida de una profesional que dedicó su vida a ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad.