Piden prisión provisional para un hombre que financió el terrorismo yihadista con criptomonedas
El sospechoso, que está detenido, es el titular de varias direcciones de criptomonedas que operaban en 3 redes distintas y estaban vinculadas con múltiples direcciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 30 años que ha sido detenido este miércoles 31 de enero en Barcelona por un presunto delito de financiación del terrorismo a través de criptomonedas.
Fuentes fiscales apuntan a Europa Press que desde el Ministerio Público han solicitado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional (que está a cargo de la investigación) que adopte esta medida cautelar ante la "gravedad de los hechos" y la posibilidad de "riesgo de fuga".
La petición de la Fiscalía tiene lugar después de que la Guardia Civil detuviera al acusado, que ya está en prisión.
Dichas fuentes han precisado que el hombre era el titular de varias direcciones de criptomonedas que operaban en 3 redes distintas y estaban vinculadas con múltiples direcciones, que conformaban un entramado con ramificaciones en varios países y cuya finalidad era la de captar fondos y transmitirlos en favor del grupo terrorista DAESH.
ACTUÓ DURANTE LA PANDEMIA
Esta vertiente de financiación terrorista a través de criptomonedas se ha desarrollado desde comienzos de la década pasada y aumentó su intensidad después de la pandemia de COVID-19.
La pandemia sirvió como "catalizador de esta nueva amenaza para la seguridad" , que propiciaron la aparición de nuevas tendencias terroristas especializadas en el ámbito económico para compensar la pérdida de movilidad personal que quedó restringida en varios países por motivos sanitarios.
La actividad desarrollada por la presunta red con la que estaba relacionado el detenido "no había pasado desapercibida para los servicios de seguridad internacionales, ya que contaba con un gran impacto en forma de grandes movimientos económicos".
La operación, desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha contado con la participación de la DGSI francesa; el FBI; la SÄPO sueca; Europol y CNI.
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