La fecha en que las empresas turísticas deberán dar los datos de sus clientes a Interior
El Gobierno justifica la regulación como una medida necesaria para garantizar la seguridad ciudadana frente a amenazas terroristas y otros delitos
A partir del 1 de octubre, agencias de viajes, hoteles, cámpines, empresas de alquiler de vehículos y plataformas de alojamiento estarán obligados a proporcionar al Ministerio del Interior los datos de sus clientes a través de una plataforma informática. Esta nueva exigencia ha generado una fuerte oposición, especialmente entre las agencias de viajes.
La obligación de reportar estos datos, a través de una plataforma activa desde principios de año, está recogida en un real decreto de octubre de 2021 y ha sido duramente cuestionada, principalmente por las agencias de viajes, que califican la norma como "imposible de cumplir".
Las agencias argumentan que los prestadores de servicios de alojamiento y alquiler de vehículos ya cuentan con la información de los viajeros desde el momento en que la agencia gestiona una reserva, por lo que esta nueva obligación implica una duplicación "innecesaria" en la transmisión de datos.
Por su parte, fuentes del Ministerio del Interior justifican la regulación como una medida necesaria para garantizar la seguridad ciudadana frente a amenazas terroristas y otros delitos organizados, señalando que no existen alternativas para lograr este objetivo.
El Ministerio ofreció al sector turístico un periodo de adaptación gradual, que inicialmente vencía el 2 de junio del año pasado, pero que ha sido prorrogado en dos ocasiones, hasta el 31 de enero de 2024 y, más tarde, hasta el 1 de octubre de este año. Además, Interior asegura haber mantenido un diálogo constante con los sectores afectados para facilitar la implementación de la normativa, que ha contado con el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos.
Sin embargo, las principales asociaciones de agencias de viajes (Ceav, Acave, Fetave y Unav) han solicitado la suspensión de la normativa, advirtiendo que podría tener "graves consecuencias" para el sector turístico en España, una postura respaldada por el Consejo de Turismo de la patronal CEOE.
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