​Barcelona detecta 9 pisos municipales del Raval usados como 'narcopisos'

 

Protesta vecinal contra los 'narcopisos'

El Ayuntamiento de Barcelona ha revisado por primera vez de forma exhaustiva los pisos con contrato de alquiler del Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació (Imhab), y ha detectado que nueve de ellos, ubicados en el Raval, se utilizan como 'narcopisos', por lo que ha abierto procesos judiciales para recuperar las viviendas.

El gerente de Vivienda, Javier Burón, ha explicado a los medios que no se trata de nueve pisos 'okupados', sino que sus inquilinos pagan el alquiler y han promovido o facilitado el uso de la vivienda como 'narcopiso' -traficando, distribuyendo o almacenando droga-, aunque no todos residen en ellos, y ha destacado que los procesos judiciales siguen su curso y que no han terminado.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha destacado que se trata de sólo nueve pisos de los 6.274 que el Ayuntamiento ha revisado del Imhab, y ha garantizado: "Cuidaremos, revisaremos y mantendremos mucho mejor de como se ha hecho hasta ahora el parque de vivienda, haciendo que sea mucho más difícil que esto se vuelva a producir".

Burón ha defendido que esta revisión y las que se seguirán haciendo de los pisos lanza un mensaje a los inquilinos de que se planteen incumplir las normas y las reglas de juego: "Los que no hagan las cosas adecuadamente, tienen que saber que, antes o después, apareceremos por la puerta".

Ha explicado que las demandas vinculadas a la salud pública, como la venta de droga, no son la vía procesal más rápida, y que el proceso sería más sencillo si el inquilino no pagara el alquiler y fuera problemático con la comunidad de vecinos, por lo que han optado por esta vía cuando ha sido posible: "Si el inquilino frente a nosotros cumple estas obligaciones, es más complicado".

USO CORRECTO DEL 96%

Con esta revisión, el Ayuntamiento ha comprobado que el 96,3% de los inquilinos de los 6.274 pisos revisados -tenían contrato vigente durante el trabajo de campo- hacen un uso adecuado de la vivienda, y que había situaciones de irregularidad en el 3,3% de los casos, por razones como impagos, 'okupaciones' y dificultades para recuperar las llaves tras vencer el contrato.

Ha interpuesto alguna acción judicial ante este 3,3% de casos, y en el 0,37% de ellos han pedido al juez que desahucie al inquilino, por impagos o problemas de convivencia, siempre después de pedir un informe a servicios sociales y tener la "absoluta certeza de que el inquilino no paga porque no quiere, y no porque carezca de ingresos", según Burón.

El gerente ha explicado que el precio medio del alquiler es de 202 euros, y que un tercio de los inquilinos tiene además subvención de servicios sociales, y Montaner ha señalado que existen "ciertos mitos urbanos" de que los pisos de alquiler social registran problemas, y que la revisión los ha cifrado en sólo el 3,3%.