Orden de detención para Rovira y el resto de huidos menos Gabriel

El juez que instruye la causa del 'procés' adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox.

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Marta rovira pleno 22032018

 

Marta rovira pleno 22032018

Rovira en el pleno de investidura fallido.


El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes.


Llarena también ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.


El juez que instruye la causa del 'procés' adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.


La número 'dos' de ERC estaba citada a las 10.30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de Catalunya Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los tres exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el juez ha acordado su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. No obstante, la dirigente independentista ha comunicado por carta su intención de no acudir y partir al "exilio".


La única investigada huida para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que se ha escondido en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.


Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre.


Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

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