Esta es la situación actual de los investigados por el 'procés'
El juez justifica el procesamiento de 25 investigados porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta puede no haberse interrumpido con la aplicación del 155.
Puigdemont está huida en Bélgica.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo, ha decretado el ingreso en prisión incondicional del candidatoa la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Algunos de los investigados por el 'procés' se encuentran fuera de España. Se trata del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, que huyeron junto al expresident a Bélgica.
La exdiputada de la CUP Anna Gabriel también huyo al extranjero el pasado 17 de febrero, concretamente a Ginebra (Suiza), y la última en irse de España ha sido la secretaria general de ERC Marta Rovira este viernes.
En prisión se encuentran el exvidepresidente Oriol Junqueras, el exconsejero del Interior, Joaquim Forn, los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forcadell.
EL "DISEÑO CRIMINAL" SIGUE "LATENTE" A PESAR DEL 155
El juez Pablo Llarena justifica el procesamiento de 25 investigados en la causa que instruye contra el proceso independentista en Catalunya porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y porque parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".
Así lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Catalunya y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".
Según Llarena, este ataque "puede estar en desarrollo" y puede seguir con un "relevo en sus protagonistas" ya que eso es lo que se diseñó en el 'Libro blanco de la transición nacional de Catalunya' del proceso independentista.
Ese texto, que el magistrado recoge en su auto, prevé que en el caso "extremo" de que se suspendiera el autogobierno, esta suspensión no puede tener carácter indefinido ni definitivo, por lo que "la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones".
De hecho, en otro momento del texto, recuerda que las movilizaciones por la independencia se han ido sucediendo en Catalunya a pesar del "relevo" de los que asumieron inicialmente el empuje de la secesión tanto en el Parlament, la Generalitat como en las organizaciones soberanistas.
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