Los jueces piden escolta en Catalunya
Desde septiembre, algunos jueces catalanes vienen siendo objeto de amenazas, escraches y pintadas por parte de independentistas a cuenta de las decisiones tomadas sobre el referéndum y el procés. Algunos han acudido a Interior para solicitar escolta.
Desde septiembre, algunos jueces catalanes vienen siendo objeto de amenazas, escraches y pintadas por parte de independentistas a cuenta de las decisiones tomadas sobre el referéndum y el procés. Algunos han acudido a Interior para solicitar escolta.
Se trata desde titulares de juzgados de instrucción de toda Catalunya hasta magistrados del TSJC que han investigado a conocidos independentistas o ha participado en casos directamente relacionados con el referéndum del 1-O. La intención de los magistrados es que esas medidas no se limiten al ámbito laboral y pasen también a la esfera privada. Alegan que las amenazas han aumentado tanto en número como en gravedad en los últimos meses y que algunos independentistas han llegado incluso a gritarles a la salida de su domicilio. Denuncian, ser objeto de seguimiento por parte de sus acosadores, que conocen sus trayectos y el entorno donde se mueven en su tiempo de ocio.
Tanto el Consejo General del Poder Judicial como las asociaciones de jueces y de fiscales han emitido sendos comunicados de condena a los autores de las amenazas al juez Llanera, que "violan la separación de poderes sobre la que se sustenta la democracia". También solicitaron más seguridad ante la escalada de tensión en Catalunya".
Actualmente, siete juzgados catalanes tienen abiertas causas relacionadas con el referéndum del 1-O y la actuación de los Mossos: el 7 de instrucción de Barcelona, el 3 de instrucción de El Vendrell (Tarragona), el 4 de instrucción de Lérida, el 2 de instrucción de La Seu d’Urgell, el 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y los juzgados de guardia de Santa Coloma de Gramenet y de El Prat de Llobregat (Barcelona).
Por otra parte, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dirigido por Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga los prolegómenos del referéndum y las leyes de desconexión; en concreto, el uso ilegal de datos personales de los catalanes para la creación de una Hacienda catalana.
Además, el TSJC investiga a los alcaldes que cedieron espacios municipales para la celebración de la consulta, sin olvidar la gran causa de corrupción relacionada directamente con CDC, el caso del 3%. Éste nació en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell.
Escribe tu comentario