La interventora de la Generalitat, en el punto de mira de la Guardia Civil

 

La Benemérita señala que Vidal omitió información.

La Guardia Civil ha entregado en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona un informe de 14 folios en el que relata las actuaciones que ha tenido la interventora de la Generalitat Rosa Vidal Planellas cuando le han solicitado información sobre algunas de las facturas del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El citado documento señala que omitió información, que participó en un acto de compromiso con el referéndum y que no denunció lo que puede ser un intento de "estafa".

El citado informe se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo el Instituto Armado sobre las facturas de la empresa Unipost para cobrar los envíos electorales del 1-O por un total de 979.661,96 euros y que se repartían entre cinco consellerias de la Generalitat.

Según los datos recabados por los investigadores, fue el director de Patrimonio de la Generalitat dependiente de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias Grau, quien firmó en representación de la Generalitat la ampliación del contrato marco que tenían con Unipost.

SERVICIO DE UNIPOST PARA EL 1-O

Este es además, el receptor del correo en el que uno de los propietarios de esta empresa, Pablo Raventós, le remite las cinco facturas para el cobro por el servicio de Unipost para el 1-O, por los siguientes importes: 280.003,35 euros; 234.606,88 euros; 233.180,55 euros; 238.965,37 euros y 240.634,83 euros.

Según señala la Guardia Civil, la interventora envió, a un requerimiento del Juzgado, una información explicando el sistema de pago que utilizan todos los departamentos de la Generalitat, el Gestor Electrónico de Contratación.

Pero, aunque hacía referencia a un anexo con todas las facturas emitidas por Unipost a la administración catalana, no adjuntó esa información.

REUNIÓN CON ROSA VIDAL

Por este motivo, los investigadores decidieron mantener una reunión con Rosa Vidal, tras lo cual acabó enviado por correo electrónico el anexo que inicialmente no había presentado.

Los investigadores señalan que la interventora no mencionó en su informe ninguna coincidencia con los datos que se aportaron después en el anexo, según los conceptos de factura o importe, de las facturas que se la solicitaron.

Sin embargo, observaron que en los asientos sí había una factura que coincidía con el importe y fecha emitida por Unipost a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya, por 238.965,37 euros (incluido el IVA).

La citada factura fue presentada al cobro en dos ocasiones, el 18 de septiembre y el 19, e iban firmadas con un certificado digital a nombre de Pablo Raventós, pero ambas fueron rechazadas.

En el primer caso, lo hizo el sistema automáticamente porque el expediente no cumplía con los parámetros del formato.

En la segunda ocasión se hizo manualmente: lo hizo el usuario David Badal Josa, empleado de la Dirección de Servicios de la Conselleria de Trabajo y que gestiona el sistema corporativo de la Generalitat de Gestión de los Contratos.

Según, la declaración ante la Guardia Civil de este funcionario, las rechazó por dos cuestiones: la primera porque el periodo que recogía la factura era de un sólo día, el 7 de septiembre, y el periodo de facturación de Unipost se hace por meses.

El segundo, porque el importe, 238.965,37 euros, está fuera de lo habitual y además, David Badal comprobó en la web del proveedor donde permite ver la facturación mensual y esta factura no aparecía.

INTENTOS DE COBRO OMITIDOS

Estos dos intentos de cobro por parte de Unipost fueron "omitidos" por la interventora de la Generalitat, hecho que destaca la Guardia Civil, que también pone el acento en que "no se ha activado ningún procedimiento para denunciar ese intento de cobro, lo que podría suponer al menos una tentativa de estafa".

En este informe, la Guardia Civil también recoge la actuación de la interventora, ya señalada por los investigadores con anterioridad, al no haber denunciado el expediente por el que se aprobó un gasto de 2.299.900,20 euros para destinarlos a una campaña denominada Civisme.

Ese expediente señalaba que el objetivo de la campaña era "implicar a los ciudadanos y las ciudadanas en el fomento de una sociedad más cívica, justa y avanzada desde el punto de vista de su progreso social".

Fue aprobada por la interventora en un procedimiento de urgencia y en el expediente se hacía constar: "No se desprende que se trate de un gasto relacionado con procesos refrendarios".

Sin embargo, la campaña finalmente fue para difundir un anuncio para el referéndum del 1 de octubre.

ACCIONES CON LAS QUE SE PRETENDÍA MALVERSAR

La Guardia Civil no entra a valorar si la interventora conoció o no en aquel momento el fin de la campaña, pero precisa que ahora se ha sabido que era para un fin distinto del que se dijo y por el que ella autorizó un gasto público.

Sin embargo, advierten de que ésta no ha activado ningún procedimiento para denunciar esas acciones con las que se pretendía "una malversación de 2.299.900,20 euros".

Los investigadores incluyen en su informe un correo electrónico que demuestra la asistencia de Rosa Vidal a un "acto de unidad y compromiso con el referéndum" que tuvo lugar el pasado 21 de abril y a la que también estaban convocados Josep Maria Jové, Natalia Garriga, Pere Aragonés, Josep Lluís Salvadó y el director del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), Frederic Udina, entre otros.

"No se conoce el papel que desempeñó la interventora en esa reunión, pero era un acto de compromiso y es evidente que un referéndum requiere de fondos para su ejecución, por lo que al menos, presumiblemente tenía conocimiento de la intencionalidad de los presentes", precisa el Instituto Armado en su informe para el juez.