En la Generalitat no figuran las supuestas facturas por 980.000 euros de Unipost

 

Hacienda controla las cuentas de la Generalitat desde noviembre del 2015. En 2017 se tenían que enviar certificados semanales de todos los gastos firmados por la Interventora General de la Administración catalana.

Cristóbal Montoro, bien directamente bien a través de su secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es el responsable político del Departamento y ordena a la Intervención general la aportación de la información financiera sobre los expedientes de pago de la administración catalana. Todos los desembolsos han sido controlados. Algunos, con extremo detalle. 

Desde julio Hacienda ha enviado a la Intervención catalana una veintena larga de órdenes y requerimientos reclamando la documentación completa relacionada con los expedientes considerados sospechosos por la Guardia Civil y los jueces instructores. Como consecuencia, el ministerio ha remitido al juez  cinco informes sobre los expedientes reclamados sin que, hasta el momento, se hayan producido denuncias concretas sobre ninguno de ellos.  Par que se cumplieran las sospechas de la Guardia Civil se tendría que haber falsificado una importante cantidad de documentos que habrían tenido que ser validados por funcionarios, interventores y responsables políticos.

Desde el punto de vista de la Intervención de la Administración catalana y la supervisión de Hacienda, están esas operaciones que a juicio de la Guardia Civil y de los jueces son susceptibles de justificar la existencia de un delito de malversación de dinero público.

La Guardia Civil imputa una malversación de 980.313 euros por los servicios presuntamente encargados por la Generalitat a la empresa Unipost, de correo postal y marketing directo. Según la Guardia Civil, la empresa libró cinco facturas, requisadas durante un registro a la Generalitat que asumió el gasto fraccionándolo en cinco departamentos “de forma que permitiese una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum”.

Sin embargo, el 31 de enero pasado, la Interventora de la Generalitat respondió a una imperativa orden de Montoro, que “los encargos a Unipost respondían a servicios postales ordinarios (...) y que fueron fiscalizados y contabilizados de conformidad por los servicios de las intervenciones delegadas sin que se desprendiera que respondían a gastos que se dirigieran a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales”. Además, los aparentes números de factura de Unipost requisados por la Guardia Civil no existían en los registros administrativos.

En el sistema de control de la Administración catalana aparecían 33 facturas de Unipost por importe de 233.024 euros, efectivamente repartidos entre los gestores de servicios de diveros departamentos. El ex director general de Unipost Pau Raventós declaró ante el titular del juzgado número 13 de Barcelona que la empresa no obtuvo ingresos de la Generalitat vinculados con el referéndum.

En el caso del Diplocat  la Guardia Civil le atribuye en sus diligencias una malversación de al menos 202.368,86 euros, y descarga la responsabilidad explícitamente al conseller titular del departamento, Raul Romeva. De esta cantidad, los agentes atribuyen 177.065 a pagos en tres plazos a The Haugue Center for Strategics Studies “a cambio del servicio prestado por observadores internacionales en el referéndum del 1 de octubre”. El resto, 25.303 euros, se imputa a los gastos de viajes y alojamiento de esos observadores aportados por The Hague.

Efectivamente, The Hague Center cobró en septiembre y octubre 119.700 euros y quedaban pendientes de pago para noviembre, al final del contrato, otros 47.365. Pero según el informe interventor del 23 de enero pasado, el gasto correspondía a la “contratación de un servicio de asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior multidimensional en el entorno de la UE” y se realizó a propuesta de la secretaría general del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

Finalmente, el 15 de febrero pasado, Hacienda pide información sobre gastos “con relación al traslado y estancia de dos grupos de expertos, uno encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, y otro por el exembajador holandés Daan Everts”. La respuesta de los liquidadores de Diplocat, a través de la Intervención, fue que “no constan compromisos o gastos relacionados con Daan Everts”. Este, encabezó el grupo de observadores internacionales durante el 1 de octubre, aunque algunas fuentes han apuntado que podría haber sido contratado por The Hague Center.