Llarena comunica su procesamiento a quienes formaban la Mesa y estudia los recursos de los presos

 

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo (EFE)

El Tribunal Supremo celebrará la próxima semana diversas diligencias relacionadas con los recursos presentados por los investigados en la causa por el proceso soberanista en Catalunya, como son las declaraciones indagatorias (comunicación del procesamiento) a los exmiembros de la Mesa del Parlament y a los exconsellers que permanecen en libertad, que serán realizadas estos próximos lunes o martes por el instructor de la causa, Pablo Llarena. 

El miércoles se celebrará una vista para estudiar los recursos de apelación que han presentado la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell y otros cuatro exmiembros del Govern que sí cumplen prisión preventiva.

Los primeros en comparecer, que han sido citados a las 10.00 de este lunes, serán los que fueran miembros de la Mesa del Parlament Lluís Guinó, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, todos ellos procesados por el delito de desobediencia. Llarena les acusa de un delito de desobediencia por incumplir de forma "tenaz y perseverante" los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional para impedir la aprobación de las leyes del proceso independentista que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del pasado 27 de octubre.

DESOBEDIENCIA Y MALVERSACIÓN

Un día después, el 8 de mayo, a la misma hora, deberán acudir al Tribunal Supremo los exconsellers Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa y Conocimiento), procesados por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos. También está citada la exdiputada de la CUP Mireia Boya, a la que se le atribuye un delito de desobediencia.

El juez Llarena considera que Borràs, Mundó y Vila también eludieron los requerimientos del tribunal de garantías al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consellers autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesaria para hacer posible la celebración de la consulta ilegal, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.

Con respecto a Boya, el magistrado del Tribunal Supremo dice que se saltó las decisiones del Tribunal Constitucional al registrar en el Parlament la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República, que perseguía la 'desconexión' de Catalunya, y presentar la del Referéndum.

PRISIÓN Y FIANZA

Borràs y Mundó fueron encarcelados y después de un mes en ella pagaron 100.000 euros para poder quedar en libertad; si bien, Santi Vila sólo pasó una noche en el centro penitenciario, al hacer efectivos los 50.000 euros que le pidieron. En cuanto a Mireia Boya, el juez no acordó ninguna medida cautelar contra ella tras tomarle declaración como investigada.

Hasta esta próxima semana, Llarena había informado de los hechos de acusación al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y último candidato a la Presidencia, Jordi Sànchez; el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa; y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Tanto esta última como Turull, Romeva, Rull, Bassa y Josep Rull han presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal contra su ingreso en prisión, y el tribunal revisará una vista el próximo miércoles 9 de mayo para revisarla. Se les imputan delitos de rebelión y malversación de caudales públicos --de este último no se acusa a la expresidenta de la cámara catalana--.

Todos los recurrentes, excepto Bassa y Romeva, han solicitado estar presentes, han informado fuentes del alto tribunal, por lo que tendrán que ser trasladados desde prisión.

El ingreso en prisión de Forcadell y los otros cuatro exconsellers --incluido Turull, que fue candidato a la Presidencia de la Generalitat--, lo dictó Llarena a petición de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de la acusación popular ejercida por Vox, al entender que persistía en todos ellos el riesgo de reiteración delictiva.

En su auto, el juez lo justificaba en que no creía en sus manifestaciones asegurando que no tenían intención de reiterar sus conductas y porque a su juicio ninguno de ellos reconoció la ilegalidad de su conducta.