La fiscalía belga rechaza entregar a Comín, Puig y Serret por un error de forma de la euroorden

 

La fiscalía belga ha rechazado este miércoles la entrega de los exconsellers  Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a la justicia española por un error de forma en la orden de detención y entrega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

“Hoy va a ser un buen día”, apuntaba a primera el abogado Gonzalo Boye, que defiende la causa de los exconsellers y Carles Puigdemont que se enfrentan a euroórdenes de entrega.

Tras conocerse la decisión de la fiscalía belga, Comín ha señalado a los medios de comunicación:

"Queremos mostrar nuestra satisfacción rotunda, más absoluta, porque hoy efectivamente se ha hecho justicia. La Cámara del Consejo de Bélgica ha decidido que no se ejecutará la orden europea de detención porque es una orden irregular, una orden que no cumple con los requisitos que determina el sistema europeo que regula las euroórdenes", ha afirmado el exconseller.

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas ha explicado que tanto la defensa de los políticos catalanes como la Fiscalía de Bruselas han coincidido en señalar que existe un defecto de forma que hace que la euroorden contra ellos no sea "técnicamente" admisible.

Según han explicado los abogados, el problema de forma de la euroorden emitida por el magistrado Pablo Llarena es que se basa en la euroorden emitida meses antes por la Audiencia Nacional, pero los delitos no se corresponden.

El tribunal belga ha decidido rechazar la petición de la Justicia europea por este motivo y sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, según han señalado los abogados, que también han apuntado que el juez Llarena podría emitir una nueva euroorden contra los tres exconsellers que se encuentran en Bélgica.

EUROORDEN

El problema de forma de la euroorden emitida por el magistrado Pablo Llarena es que no se basa en nueva orden nacional de detención, sino en el requerimiento emitido meses antes por la Audiencia Nacional. Según la jurisprudencia comunitaria, cada orden de detención europea tiene que estar respaldada por una orden de detención nacional.

"El Ministerio Público ha pedido al tribunal que declare irregulares las tres órdenes de detención europea dada la ausencia de órdenes de arresto nacionales adecuadas. El tribunal ha aceptado esta petición", ha informado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado.

Por tanto, el tribunal belga ha decidido rechazar la petición de la Justicia europea por este motivo y sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, según han señalado los abogados, que también han apuntado que el juez Llarena podría emitir una nueva euroorden contra los tres exconsellers que se encuentran en Bélgica.

Sin embargo, Alonso-Cuevillas ha expresado que esta hipotética euroorden sería también "rechazada" porque "la Justicia belga tiene muy claro que se está haciendo un uso político de la Justicia por parte de los tribunales españoles".

Lluís Puig ha mostrado su confianza en que el resultado del procedimiento en Bélgica "acabe ayudando a los compañeros y compañeras todavía en prisión", así como a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Marta Rovira. 

"Esperamos que la Justicia de estos países (por Alemania, Reino Unido y Suiza) sigan el argumento técnico porque estamos seguros de que hay una sola Justicia europea con los mismos Derechos Humanos para todos los ciudadanos europeos", ha dicho.

En la misma línea, Meritxell Serret ha reclamado que se acabe "la judicialización de la política" para "intentar resolver un problema político", al tiempo que ha pedido al Gobierno iniciar un "diálogo" con Catalunya.

AUDIENCIA 

Los consellers cesados por el 155, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig  han comparecido ante el tribunal belga que debe pronunciarse sobre las órdenes de detención y entrega emitidas por el juez del Supremo Pablo Llarena.

La audiencia ha comenzado a a las 9.00 horas a puerta cerrada y es  la segunda vez que los tres políticos catalanes huidos en Bélgica acuden a la Cámara del Consejo desde que el magistrado reactivase las euroórdenes contra ellos.

En la primera ocasión, que tuvo lugar el pasado 18 de abril, la vista fue aplazada porque la Fiscalía había pedido más información a las autoridades judiciales españolas.

En aquella ocasión, en la que la justicia belga analizó las euroórdenes, la Fiscalía belga pidió la entrega de Comín, Serret y Puig, así como de Carles Puigdemont y Clara Ponsatí -que entonces seguían en el mismo país- por los delitos de rebelión y malversación, pero no por prevaricación.

En el nuevo procedimiento, Comín es el único al que Llarena ha procesado por un delito de rebelión, además de malversación de caudales públicos.

Serret y Puig, por su parte, han sido reclamados por delitos de desobediencia y malversación.

Una vez el juez dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o la defensa de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso y llevar el caso al Tribunal de Apelación.

Tras la sentencia en Apelación las partes aún podrían recurrir a una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Supremo español), que no se pronunciaría sobre el fondo de la euroorden, sino sobre la forma del procedimiento.

Las reglas de la orden europea de entrega establecen un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la extradición de la persona reclamada por otro estado miembro, con la posibilidad de una prórroga de 30 días más en casos excepcionales para llegar a un total de 90 días.

Sin embargo, estos plazos están previstos para proteger los derechos de los detenidos, por lo que si los acusados no están en prisión los tiempos son menos estrictos.