Llarena rechaza la recusación que presentó Forcadell contra él por "fraude procesal"

 

El instructor en el Tribunal Supremo de la causa contra el 'procés', Pablo Llarena, ha rechazado por "extemporánea" y por constituir "fraude procesal" la recusación que presentó contra él la procesada y expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

La política ahora en prisión pedía que se apartara de seguir investigando por considerar que no actuaba como juez imparcial.

Según el escrito de recusación que ahora se rechaza de plano -lo que quiere decir que este asunto no se tramitará ante un órgano superior- Forcadell alegó que Llarena presentaba un manifesto "interés indirecto en el procedimiento y parcialidad en el mismo".

El auto se ha notificado un día después de conocerse que Llarena ha sido citado el próximo 4 de septiembre por un tribunal de Bruselas a raíz de la demanda civil conjunta interpuesta por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig (huidos en Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia) que consideran que tiene una "falta de imparcialidad" y ha vulnerado la presunción de inocencia de los acusados. 

Esta actuación podría conllevar a plantear una futura recusación en España, tal y como anunciaron en una rueda de prensa.

En el caso de Forcadell, el juez cree que su petición perseguía la inhabilitación de los integrantes de la Sala de lo Penal del Supremo para el posterior juicio del caso, ya que, de tramitarse la recusación, dichos jueces hubieran tenido que revisar previamente casi toda la labor del instructor, lo que hubiera comprometido la imparcialidad de la mayoría del tribunal para el enjuiciamiento del caso. 

El resultado hubiese sido "una quiebra completa de la competencia enjuiciadora de la Sala", dice el auto de Llarena.

Así, apunta que la intención del incidente presentado era "excluir y sustituir a su conveniencia al instructor predeterminado por la ley", mediante una recusación planteada cuando la instrucción se ha prolongado ya más de seis meses pese a que la ley obliga a presentarla tan pronto como se tenga conocimiento de la causa por la que se solicita (en este caso, un interés indirecto del instructor en el procedimiento y los hechos investigados).