La jueza Lamela procesa a Sandro Rosell por blanqueo de capitales y organización criminal

 

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado auto de procesamiento contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell; su esposa, Marta Pineda; su socio Joan Besolí y otras tres personas por delito de blanqueo de capitales y organización criminal.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera probado que todos ellos formaron una red a través de la cual se apropiaron de fondos de la Confederación de Fútbol Brasileña (CFB) por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike con la selección de fútbol del país sudamericano.

Por este caso Rosell y Besolí llevan en prisión provisional más de un año, desde que fueron detenidos a finales de mayo de 2017 en la denominada 'Operación Rimet' que destapó esta organización en la que el exdirectivo del Barça habría blanqueado casi 20 millones de euros.

DERECHOS DE RETRANSMISIÓN

El auto de Lamela se centra en dos operaciones investigadas en las que la organización procedió a ocultar las cantidades ilícitamente desviadas por el expresidente de la CFB Ricardo Terra Teixeira, y que fueron, por un lado, la venta de los derechos de retransmisión de 24 partidos de la selección de fútbol de Brasil y, por otro lado, el contrato de esponsorización firmado también por la CFB con Nike, donde intervino una sociedad de Rosell denominada Ailanto.

Lamela detalla en su auto cómo "se impuso a la compradora el pago de unos fondos de los que en beneficio propio se apoderaron Rosell y Terra Teixeira en perjuicio de CFB", de forma que el primero recibiría un total de 6.580.000 euros y el segundo, 8.393.328 euros, "en ambos casos sin conocimiento de la CFB y en perjuicio de los beneficios dejados de percibir por la Federación Brasileña, los cuales, además, se habrían blanqueado a través de este entramado empresarial y económico".

La magistrada relata todas las operaciones llevadas a cabo por los investigados para dar apariencia de legalidad al cobro de esas cantidades, a través de un entramado societario y transferencias bancarias ordenadas desde sociedades que pertenecían al grupo empresarial saudí que figuraba comprador y que terminaban en cuentas de Andorra donde figuraban como firmas autorizadas Rosell y el abogado andorrano Joan Besolí.

Estas transferencias "reflejan un movimiento de flujo de dinero con destino al propio Teixeira y personas de su entorno que figuraban como testaferros, en algunos casos de forma directa y en otros de forma indirecta, a través de empresas intermedias administradas y/o relacionadas con el citado Besolí y su cuñado Pedro Andrés Ramos", apunta.

EL CONTRATO CON NIKE

En relación con el contrato de esponsorización firmado por la CFB con Nike, en la que intervino una sociedad de Rosell, la magistrada instructora describe todas las operaciones realizadas desde 2008 a 2011 y que culminaron con un ingreso de 5 millones de euros en una cuenta andorrana vinculada a Rosell que después se fueron repartiendo entre el exdirectivo del Barça, Terra Teixeira, una sociedad de Besolí y Ramos. Otra parte del dinero tuvo destino desconocido.

Lamela concluye que "los cinco millones que aparentemente Ricardo Terra prestó a Rosell estaban relacionados con los presuntos ingresos ilícitos obtenidos por Ricardo Terra y canalizados a través de Rosell y Pedro Andrés Ramos a beneficio de todos ellos", principalmente de Ricardo Terra y en este caso también de Jerome Valcke (persona de la FIFA investigada)".

ROSELL SE HABRÍA APROPIADO DE AL MENOS 7,7 MILLONES

Por todo ello, la investigación de la instructora permite concluir que el dinero blanqueado por la organización liderada por Rosell asciende a unos 20 millones de euros (los casi 15 millones de la venta de los derechos de retransmisión y los 5 millones del contrato de Nike), si bien el expresidente del FC Barcelona se habría apropiado de al menos 7,7 millones.

Una vez que se ha concluido la investigación, se ha tomado declaración a todas las personas investigadas y testigos, analizado la documentación, las observaciones telefónicas, así como las comisiones rogatorias realizadas a varios países, la instructora considera que los hechos investigados encajan en los delitos de blanqueo de capitales realizado por jefes, conforme a los artículos 301 y 302.2 y delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.

La juez da diez días al fiscal para que solicite la apertura de juicio oral o, en su caso, sobreseimiento. El auto de Lamela se puede recurrir en reforma y/o en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.