Joaquín Tornos: "En un modelo de colaboración públicoprivado, todos salimos ganando"
El abogado coordina un libro sobre la gestión del agua en España, Francia e Italia con la voluntad de aportar argumentos al debate sobre la remunicipalización del suministro.
Joaquín Tornos (Barcelona, 1952) es catedrático de derecho administrativo y socio fundador del bufete Tornos Abogados. Más allá de su actividad profesional, Tornos mantiene un compromiso cívico que le ha llevado a dar su opinión en muchos asuntos de actualidad. Por eso acaba de publicar El servicio de suministro de agua en España, Francia e Italia en la editorial Iustel, una obra colectiva con argumentos sólidos y urgentes para afrontar el debate sobre la remunicipalización del servicio del agua.
¿Se puede hacer negocio con el agua?
Claro, se puede hacer el negocio razonable propio de una empresa concesionaria que presta un servicio público. Evidentemente, si queremos que haya colaboración público-privada, la empresa privada tiene que tener un beneficio, porque sino no invierte. Otra cuestión es hasta dónde debe llegar ese beneficio: eso es lo que la Administración tiene que controlar.
Entonces, ¿por qué se propone con tanta insistencia un modelo de gestión directa o pública?
Por un lado, hay un motivo ideológico: el acceso al poder municipal de partidos de izquierda, que plantean la recuperación de la gestión directa de determinados servicios, como el agua, con la idea de que no se justifica que existan empresas privadas con preocupación mercantil. Por otro lado, seguramente hay una reacción a que en los últimos años hubo una falta de control por parte de las administraciones públicas en la prestación de estos servicios.
Hablemos del precio. ¿Qué modelo garantiza una factura más asequible?
Es difícil dar una conclusión contundente. Decir tanto que la gestión indirecta abarata el precio, como que la gestión directa lo encarece, son afirmaciones que no se pueden formular. En el libro se dan ejemplos significativos del encarecimiento de algunas remunicipalizaciones en Catalunya, pero no me atrevo a decir que sean determinantes. Lo que se demuestra, en cualquier caso, es que no es verdad la afirmación de que la gestión directa del agua abarata los costes.
Se pone de ejemplo París, donde al remunicipalizar el agua se abarató el precio.
En Francia se remunicipalizó solamente una de las tres zonas de París y es cierto que en esa zona se bajaron las tarifas. Pero también es verdad que el Tribunal de Cuentas de Francia advirtió que con esas tarifas quizá el servicio no fuese sostenible en un futuro. Además, hay el caso contrapuesto de Burdeos. Huyamos de maximalismos y analicemos caso a caso.
En todo caso, aunque una empresa privada gestione el suministro, se puede bonificar a las familias numerosas o con menos recursos.
En nuestro país, el agua está declarada como un servicio público, lo cual significa que la administración debe garantizar el acceso a ese bien. Es justamente la administración la que fija las tarifas y la que bonifica las familias numerosas, porque se entiende que consume más. Y además está la situación de las unidades familiares en riesgo de exclusión social, a la cual no solo no se les bonifica, sino que no se les cobra.
Mi tesis es que cada actor haga aquello para lo que está llamado en la sociedad. El poder político lo que ha de hacer es planificar, regular, adjudicar y controlar, mientras que la empresa privada sabe invertir y gestionar eficazmente. Al final, en un modelo de colaboración público-privado, todos salimos ganando.
Otro asunto de alarma social: la corrupción.
En España hay mecanismos de control, pero lamentablemente no siempre funcionan. Por un lado hay controles internos de las propias entidades públicas, como los interventores, y luego los controles externos como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía. Pero es verdad que en los últimos años se extendió una cierta cultura de desentendimiento y falta de control.
¿Qué diferencias existen entre los modelos de gestión en España, Francia e Italia?
No hay grandes diferencias porque este es un tema candente que está sobre la mesa. Incluso en Italia este debate llevó a que se celebrase un referéndum en el año 2010. En los tres países se está planteando cuál es el nivel territorial óptimo, si debe ser el municipio o una escala superior, así como el modo de gestión más eficaz. Y tanto en España como en Francia e Italia, se está llegando a la conclusión de que es un tema que hay que analizar de un modo casuístico.
En Francia se remunicipalizó una de las tres zonas de París y es cierto que en esa zona se bajaron las tarifas. Pero también es verdad que el Tribunal de Cuentas de Francia advirtió que con esas tarifas quizá el servicio no fuese sostenible en un futuro. Además, hay el caso contrapuesto de Burdeos. Huyamos de maximalismos y analicemos caso a caso.
En un sistema de gestión mixto, ¿qué funciones corresponden al sector privado y cuáles al sector público?
Mi tesis es que cada actor haga aquello para lo que está llamado en la sociedad de forma responsable. El poder político lo que ha de hacer es planificar, regular, adjudicar y controlar, y para eso debe tener un equipo capacitado o incluso elevar la fijación de las tarifas a entidades superiores de carácter estatal, como se ha hecho en Italia. Y la empresa privada también debe hacer lo que mejor sabe: invertir, gestionar bien, motivar a su personal... Al final, en un modelo de colaboración público-privada, todos salimos ganando.
¿Cómo valora la gestión del agua en Barcelona?
Hay estudios que demuestran que la valoración de los usuarios en el área metropolitana es positiva. Y también sucede a nivel general. En España, los ciudadanos no tienen quejas graves del suministro del agua.
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