El Govern hará una ley para garantizar la eliminación de simbología franquista

 

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha anunciado este miércoles que el Govern elaborará una ley catalana de memoria histórica que, entre otras cuestiones, quiere dar a la Generalitat la capacidad de eliminar toda la simbología franquista que queda en las calles de Catalunya.

"No podemos cerrar heridas si convivimos con símbolos que han humillado a los perdedores de la Guerra Civil y a las víctimas del franquismo. Esto incluye monumentos y nombres de calles que homenajean a golpistas y dirigentes de la dictadura", ha explicado en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlament.

Capella ha precisado que la ley también buscará dar una gestión "integral" de todas las acciones relacionadas con la memoria histórica, unificando en la norma la regulación de las principales iniciativas y políticas que ya hay en marcha desde legislaturas anteriores.

COMISIÓN DE LA VERDAD

La ley también prevé la creación de la Comisión de la Verdad, un órgano que "estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad -crímenes de guerra, genocidios y asesinatos masivos-", informará de ellos a los familiares de las víctimas y los asistirá jurídicamente.

La ley abordará el período que va desde la Guerra Civil "a la primera transición", ha precisado Capella, y hará énfasis en colectivos que la Generalitat considera especialmente olvidados como las mujeres, las personas LGTBI y los bebés robados.

Capella también ha explicado que su departamento también trabajará con la Conselleria de Enseñanza para incorporar "la memoria democrática al currículum educativo", así como la formación específica de los docentes en esta materia.

OTRAS INICIATIVAS

La consellera ha destacado que el objetivo principal de su departamento es la atención a las personas y garantizar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones, y ha criticado que actualmente sigue existiendo "un techo de cristal" que impide a las mujeres acceder a los órganos más de decisión más elevados, tanto en materia de justicia como en otros.

También ha mostrado su preocupación por que el catalán es "absolutamente minoritario en la administración de justicia", ya que en 2017 solo el 8,2 por ciento de las sentencias judiciales fueron en esta lengua.

"Esto agrava la brecha entre la administración y la ciudadanía", ha concluido Capella, que ha considerado que estos datos evidencian un desajuste social entre el uso catalán en la sociedad y en el ámbito de la justicia.

La consellera también ha explicado que su departamento fomentará el uso de la videoconferencia entre los presos, tanto en las relaciones con los familiares como con los abogados que les asisten.