Alemania decide extraditar a Puigdemont por el delito de malversación

 

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha decidido extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por un presunto delito de rebelión.

La extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana, que siempre ha estado a favor.

Por el momento, la justicia alemana no ha decretado nuevas medidas cautelares contra Puigdemont, por lo que sigue por ahora en libertad.

Con esta decisión, los jueces cumplen con la petición de la Fiscalía General regional, aunque solo en parte. El Ministerio Público, siguiendo la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español, había solicitado a principios de junio por segunda vez tanto el reingreso en prisión del político separatista como su extradición a España.

El paso dado este jueves da un giro en la estrategia seguida hasta ahora por la justicia alemana, que en un primer momento se mostró poco proclive a acceder a los deseos del magistrado español Pablo Llarena.

Puigdemont fue detenido el 25 de marzo en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida dos días antes por el Tribunal Supremo español.

Tras pasar 12 días en prisión, los máximos jueces regionales resolvieron dejar al político soberanista en libertad bajo fianza a la espera de que se tomase una decisión sobre su posible entrega a España.

Desde entonces, Puigdemont vivió en Berlín y posteriormente trasladó su residencia a la región de Schleswig-Holstein a la espera del fallo judicial que espera se produzca en los próximos días.

EL DELITO DE MALVERSACIÓN

El delito de malversación -contemplado en el artículo 432 del Código Penal, es el único de los tres delitos -junto a la prevaricación y desobediencia-que contempla penas de prisión, en concreto de dos a seis años, así com una inhabilitación de seis a diez años. 

No obstante, si se causa "un grave daño o entorpecimiento al servicio público" la pena podría llegar a los ocho años de cárcel y a los ocho años e inhabilitación, según indicaba en septiembre de 2017 el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

RESPUESTAS POLÍTICAS

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha evitado valorar este jueves la decisión de la justicia alemana de extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero sólo por el delito de malversación de fondos públicos y no por él de rebelión. No obstante, ha precisado que el Gobierno desea que la justicia española trabaje con el derecho interno para sacar adelante la causa.

Por el contrario, Quim Torra se ha mostrado "muy contento" por Puigdemont, puesto que considera que esta decisión del tribunal alemán "demuestra una vez más los engaños y las mentiras" de la causa judicial instruída por Llarena.

Los más críticos ante la decisión han sido Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, ha lamentado que las autoridades alemanas no permitan juzgar por rebelión al expresidente catalán Carles Puigdemont, ya que ello puede posibilitar que los independentistas en el extranjero pueden salir mejor parados que los que están presos, pero en todo caso destaca que el líder de JxCat deberá responder ante la Justicia española en relación con el proceso independentista.

"La buena noticia es que Puigdemont va a tener que venir a dar la cara ante la Justicia española" aunque "huyera" y que "va a tener que pagar por lo que hizo", en este caso por "gastar dinero público para dar un golpe de Estado", ha afirmado Rivera.