El Govern de Puigdemont accedió "sin autorización" a los datos de los catalanes para montar el 1-O

 

La Guardia Civil ha acusado a la Generalitat de Catalunya presidida por Carles Puigdemont de acceder "sin autorización" a los datos de 56.196 personas para montar la logística del referéndum del 1 de octubre incumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional. 

"Se han usado los datos personales de 56.196 personas para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017", asegura la Unidad de Policía Judicial de Catalunya en un informe.

La Benemérita explica que, de acuerdo al análisis del correo de Josep Maria Jové, ha acreditado que se accedió al registro de población de Catalunya y a otro registro de participación en consultas populares a través del Idescat. 

"Presumiblemente", señala, los datos de ambos registros se facilitaron con el uso de pendrives encriptados a David Palanques, "que sería la persona que trataría la información contenida en estos".

Según el Instituto Armado, el registro de población de Catalunya tiene la finalidad de mantener, explotar y custodiar un registro administrativo donde están los datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes.

David Palanques fue una de las personas arrestadas el 20 de septiembre para proceder al registro de su despacho como responsable de Proyectos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Consejería de Trabajo.

DAVID PALANQUES, ORGANIZADOR DEL 1-O

El Instituto Armado recuerda el papel que jugó David Palanques con Oriol Garrel y David Franco para desarrollar la plataforma "Conéctate al voluntariado", el registro de voluntarios o colaboradores que "no cabe la menor duda de que es para el referéndum del 1 de octubre".

"Se demuestra su vinculación directa con la organización del referéndum", dice de David Palanques la Guardia Civil, que se remite al dominio connectat.voluntariat.gencat.cat. 

"Mediante el tratamiento y gestión de miles de datos privados de ciudadanos de Catalunya, su función ha sido clave en la organización de los puntos de votación".

En otro informe remitido a un juzgado de Barcelona, la Guardia Civil cifró en 622.000 euros el gasto para el Registro de Catalanes en el Exterior, señalando que los datos habían sido obtenidos de manera "ilegal". 

La aplicación fue creada 'ad hoc' para la consulta del 9-N de 2014 que organizó Artur Mas y por la que fue inhabilitado y tuvo que depositar una fianza solidaria de 5,25 millones de euros en el Tribunal de Cuentas, junto con otros implicados.

La Generalitat decidió modificarla para el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El gasto generado a la administración catalana desde la creación en 2014 de esta herramienta informática hasta diciembre de 2017 ha sido de 621.928,34 euros. De ese total, 94.235,65 euros corresponde a las modificaciones introducidas para el 1-O.