España bate récord de nivel de corrupción
Un informe de Transparencia Internacional la sitúa en el puesto 57 en el año 2017 entre los 180 países analizados.
España ha batido su propio récord de nivel de corrupción hasta situarse en el puesto 57 en el año 2017, según un informe de Transparencia Internacional en el que analiza el estado de 180 países.
El año anterior, España estaba en el lugar número 46, lo que supone un empeoramiento considerable en un sólo año.
El presidente de Transparencia Internacional en España, el catedrático de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, ha destacado que los ciudadanos españoles no se atreven a denunciar casos de corrupción, por lo que ha reclamado una "Ley de Protección al Denunciante".
Lizcano ha remarcado la necesidad de implantar también un "pacto de integridad" con el objetivo de reforzar la transparencia.
El puesto 57 de España está muy por encima de los resultados a nivel europeo, de los que quedan mucho mejor parados los países nórdicos, que son los referentes a seguir en esta materia.
CONFLICTOS ARMADOS
Transparencia Internacional suspende al 70 por ciento de los países. Entre los peores situados figuran los que tienen altos índices de pobreza y poca libertad de prensa, pero también los que padecen conflictos armados, como Somalia, Sudán del Sur y Siria.
Con el objetivo de reducir la corrupción en España, Transparencia Internacional propone una serie de recomendaciones, entre las que destacan ampliar el debate en torno al proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción, denominada Ley Integral contra la corrupción y protección del denunciante, actualmente en trámite parlamentario.
En relación con el Tribunal de cuentas, reclama promover la adopción de un Código ético y de buen gobierno amplio, que establezca, más allá de la Ley, principios relativos a los conflictos de interés, la independencia y otros relacionados.
Pide garantizar las medidas referentes a la regulación de los lobbies y a la protección de denunciantes, así como aumentar los plazos temporales para la prescripción de delitos asociados a la corrupción, en especial cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
El Gobierno, sostiene Transparencia Internacional, debe ofrecer información transparente y detallada de los casos de criminalidad organizada, explicando de forma minuciosa los incidentes ocurridos y las medidas necesarias para hacer frente a estos casos.
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