La fiscal general defiende que tanto poner como quitar lazos es libertad de expresión

 

La fiscal general del Estado, María José Segarra, no cree que haya "delito alguno ni en quitar ni en poner" lazos amarillos a favor del independentismo catalán ya que, a su juicio, es algo que "forma parte de la libertad de expresión", aunque no se pronuncia sobre la posibilidad de que a las personas que lo hagan puedan aplicárseles la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que no es de su competencia sino del Gobierno de Catalunya.

"No me toca responder sobre su aplicación. Son las autoridades gubernativas catalanas las que tomarán las decisiones, seguramente, más oportunas", ha señalado Segarra al ser cuestionada este lunes en Santander por la polémica que se está generando en relación a las responsabilidades a las que podrían enfrentarse las personas que en Catalunya se dedican a colocar o retirar estos lazos amarillos de lugares públicos y si sería susceptible de aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana tal y como parece plantearse la Generalitat para aquellos que las quitan.

Por otra parte, Segarra tampoco ve "ninguna relevancia" penal en la retirada por parte de supuestos agentes del orden de símbolos, pancartas o banderas antimonárquicos que se habían colocado con motivo de la participación de los Reyes en el homenaje en Barcelona a las víctimas de los atentados terroristas del pasado verano en Las Ramblas y Cambrils (Tarragona).

LAS PANCARTAS CONTRA EL REY DEL 17A

En este sentido, ha señalado que por el momento "no hay ningún procedimiento penal" por este tipo de sucesos, que, a su juicio, no tienen "ninguna relevancia" penal, aunque ha señalado que si se presentan denuncias "se estudiarán como todas" las que se interponen "en cualquier punto" de España.

Sin embargo, para Segarra "tan lícito es publicitar una opinión ideológica" como el "manifestar" la contraria "retirando material que se ha depositado".

Segarra ha declinado valorar las declaraciones de hace unos días del president de la Generalitat, Quim Torra, en las que afirmó que desde el soberanísmo se iba a atacar al Estado español injusto, criticadas por algunos partidos políticos.

"La fiscal general no se dedica a comentar pronunciamientos de ningún cargo político, ni del presidente de la Generalitat ni sus relaciones con el Gobierno español. Nosotros, nuestras funciones son la búsqueda al respeto de la legalidad cuando hay una complicación. No realizo ningún comentario", ha aseverado.

Preguntada por la posibilidad que de estas palabras pudiera derivarse alguna consecuencia penal, Segarra se ha limitado a apuntar que éstas deben enmarcarse "en el punto en el que se hacen".

NO COMENTA DECLARACIONES POLÍTICAS

"Son manifestaciones meramente de un representante político y ahí están sin más. Nosotros juzgamos hechos y concretos, no tenemos ninguna causa contra el independentismo. Juzgamos hechos concretos y cuando hay relevancia delictiva se actúa, si no la hay pues no se actúa", ha zanjado.

Por otra parte, la fiscal general tampoco ha querido confirmar la postura que mantendrá la Fiscalía en la acusación en relación a los encausados por el referéndum independentista del 1 de octubre del año pasado y si finalmente acusará por delitos de rebelión a Oriol Junqueras y a otros de los que se encuentran en presión provisional por estos hechos.

"Nos pronunciaremos cuando nos den traslado para formular escrito de acusación, en ese momento será cuando realicemos la descripción de las conductas que se atribuyen a cada procesado y la responsabilidad que pedimos. Me van a permitir que respete los tiempos del procedimiento", ha dicho Segarra, que espera que "a lo largo del mes de septiembre" el tribunal les dé traslado para poder formular el escrito de acusación.

En este punto, Segarra ha recordado que a Junqueras y a los otros encarcelados la Fiscalía les solicitó la medida cautelar "más grave" que se puede pedir para un encausado que es la prision provisional. "Ahí se puede desprender gran parte de lo que opinamos con respecto a lo que ha sucedido", ha añadido para finalizar.