El Gobierno 'abandona' al juez Llarena y genera malestar entre la judicatura

 

Solo ante el peligro. Así podría definirse la situación del juez Pablo Llarena ante la demanda civil que el expresidente catalán Carles Puigdemont ha presentado contra el instructor del 1-O en Bélgica.

Tras el consejo de ministros de este viernes, Carmen Calvo, la vicepresidente del Gobierno, ha señalado que al juez del Tribunal Supremo debe ampararle el poder judicial y no el Ejecutivo. Sin embargo, ha subrayado que, en este caso concreto, el Gobierno lo que sí va a hacer llegado el caso, cuando la demanda sea admitida, será "defender la soberanía jurisdiccional de España" porque la justicia belga "no se puede inmiscuir en procedimientos" del espacio propio español, "que debe ser inmune".

Pero "en ningún caso" Justicia asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo "por los actos privados que se le atribuyen", han precisado fuentes del departamento.

LA REACCIÓN DE LA AMP

La APM (Asociación Profesional de la Magistratura) insta al Ministerio de Justicia a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto, y que dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por el propio Llarena.

Por otra parte, los jueces de la APM piden al CGPJ que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo que realizó en defensa de la independencia del Magistrado la pasada semana asegurando su defensa en caso de "inacción del Gobierno".

Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España, la APM anuncia valorará la adopción de "las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad".

EL INFORME DE ABOGACÍA DEL ESTADO

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra el instructor de la causa del proceso soberanista en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.