Un convenio de 2010 entre el CGPJ y el Gobierno obliga al Estado a defender a Llarena en Bélgica
Se trata de un convenio de colaboración para la "defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado".
Un convenio de 2010 firmado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) obliga al Estado a defender al juez Pablo Llarena en Bélgica ante la demanda que ha presentado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
El documento se firmó por el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar.
Se trata de un convenio de colaboración para la "defensa en juicio de los miembros de la carrera judicial por el servicio jurídico del Estado".
Tiene "vigencia indefinida" y establece el mecanismo para que los jueces puedan tener "representación y defensa en juicio ante cualquier orden jurisdiccional a los Abogados del Estado, en los supuestos en que se dirija contra ellos cualquier acción como consecuencia del legítimo desempeño de sus funciones o cargos".
Este texto garantiza que el juez Llarena pueda estar representado por el Gobierno de Pedro Sánchez y cuente con cobertura jurísica de la Abogacía del Estado.
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