Ballesteros, en el banquillo por el caso Inipro

 

Se confirman los malos augurios. El juez instructor del caso Inipro, Joaquín Elías, ha dictado auto de vista oral contra catorce de los quince investigados por la trama de corrupción que tiene su origen en la empresa con sede en Viladecans.

Entre las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados se encuentran Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, y Begoña Floria, teniente de alcalde de la localidad.

En concreto, el alcalde se enfrenta a una acusación de ocho delitos: alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y abuso en el ejercicio de las funciones públicas.

INTERESES ELECTORALES DEL PSC

Según el auto, los hechos se remontan al verano de 2009 cuando Ballesteros, como máximo responsable de la agrupación local del PSC de Tarragona y alcalde de la ciudad, y la máxima responsable del área de comunicación, actuaron "con la finalidad de planificar la estrategia a seguir para mantener el gobierno municipal" de cara a las elecciones de 2011.

Para ello, decidieron buscar a personas que trabajaran para los intereses electorales del PSC y que se dedicaran a promocionar la imagen institucional del alcalde en medios y redes "logrando con ello un sustancioso rédito para el alcalde y los miembros del Gobierno municipal, y para el partido que lo sustentaba, el PSC".

Ballesteros y otros miembros de su equipo investigados decidieron que la "institución idónea" para poder contratar a estas personas que trabajaran para el partido era el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona: tenía capacidad de contratación de forma autónoma, estaba gestionado por una persona de confianza del alcalde y tenía una dispersión de sedes, lo que dificultaba el control de la actividad de los trabajadores.

Los investigados decidieron que la mercantil Inipro serviría para contratar a personas para el partido, y que se le daría la apariencia de contrato relacionado con la promoción del asociacionismo entre la población recién llegada.

Entonces se fichó como delegado de dicha sociedad en Tarragona a un militante del PSC "deseoso de labrarse un futuro en el partido", puntualiza el juez.

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