Artur Mas sobre el dinero público para el 9N: "No me corresponde a mí conocer la técnica presupuestaria"

 

Rigau, Ortega, Mas, Torra, Aragonès y Homs este martes en la Generalitat.

Este miércoles 10 de octubre ha arrancado el juicio contra Artur Mas por los gastos públicos con que se sufragó el simulacro de consulta del 9N.

El expresidente catalán no es el único en sentarse en el banquillo. La exvicepresidente Joana Ortega; el exconseller de presidencia, Francesc Homs; y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, también tienen que rendir cuentas sobre los gastos en la consulta ilegal. 

El Tribunal de Cuentas debe dirimir si el 9 de noviembre de 2014 el Govern incurrió en algún tipo de responsabilidad contable por el empleo de fondos públicos. 

Tanto Mas, como Ortega, Homs y Rigau ya fueron enjuiciados por la organización del 9N, si bien Homs es el único que ha cumplido la condena, dictada por el Supremo dada su condición de aforado, y el resto están pendientes de que ésta sea firme.

Artur Mas defiende que los portátiles del 9N eran para Enseñanza y ve "irrelevante" la partida con que se compraron

2,8 MILLONES SON "IRRELEVANTES"

Mas ha defendido en el juicio por su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista que los ordenadores portátiles que se utilizaron en las mesas electorales eran para las escuelas catalanas.

Además, considera que es "irrelevante" que los 2,8 millones de euros con los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional.

Mas ha defendido la "normalidad" del procedimiento con el que se sufragaron los gastos del 9N, especialmente la partida destinada a casi 7.000 ordenadores portátiles, tantos como puntos de votación se habilitaron.

A preguntas del letrado de SCC, ha afirmado que "los ordenadores iban al sistema educativo catalán para las necesidades educativas del sistema" y "a partir de ahí, ya están en uso de la Administración y si la Administración considera que puntualmente y sin perjuicio para las escuelas y los maestros se pueden usar puntualmente, pues se puede".

Sobre el hecho de que se costearan con 2,8 millones de euros que su gobierno había volcado al fondo de contingencia desde la partida de cinco millones con la que preveían sufragar una consulta previa que fue anulada por el Tribunal Constitucional, Mas ha incidido en que es "irrelevante" y que, en todo caso, controlar este pormenor no estaba en sus funciones.

"Una vez usted ha hecho una modificación de partida, el dinero no queda en una partida concreta para una finalidad específica, o va a otra partida o a un fondo de contingencia que sirve para atender prioridades a criterio del Gobierno. Imagino, aunque como presidente de la Generalitat no entraba ahí, que se hizo así", ha señalado, para añadir después: "No conozco la técnica presupuestaria y no me corresponde a mí conocerla".

En esta línea, ha argumentado que habilitar el presupuesto necesario para el arrendamiento de los ordenadores días antes de la consulta responde a "una forma normal de funcionar de la administración" y es sólo una más de las 1.414 modificaciones presupuestarias por importe de 1.250 millones de euros que se hicieron, según ha dicho, en 2014.

VILAJOANA, GENOVÈS, BERTRÁN

Junto a ellos, son juzgados por su responsabilidad contable en la financiación de aquella consulta el exasesor del president, Jordi Vilajoana, el exdirector general de Difusión de la Generalitat, Ignasi Genovès; la exdirectora de Servicios de Gobernación Josefina Valls, el subdirector de Servicios de Gobernación, Lluis Bertrán; el director del DOGC, Jaume Domingo, y la directora de Servicios de Presidencia, Teresa Prohías.

El juicio tiene lugar un año después de que el Tribunal de Cuentas impusiese una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal. 

¿QUÉ HACE EL TRIBUNAL DE CUENTAS?

El Tribunal de Cuentas dividió el coste que considera que supuso la celebración del 9N en varios bloques para calcular esta cantidad y concluyó que Artur Mas figuraba en todos ellos.

Esta instancia se encarga de la jurisdicción contable, es decir, las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos.

Su ámbito de actuación es compatible con la actuación de la jurisdicción penal y si los hechos acabaran siendo constitutivos de delito, sería el Tribunal de Cuentas quien fijase la responsabilidad civil por los mismos.