La Fiscalía mantendrá la acusación por rebelión y pedirá 20 años de cárcel para Junqueras

 

Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera (Europa Press)

La Fiscalía está ultimando el redactado de las conclusiones provisionales sobre la causa del 1-O que deberá presentar en pocos días ante el Tribunal Supremo y en el que mantendría la acusación por el delito de rebelión y penas altas para los nueve políticos presos. No obstante, la petición de penas no superaría los 20 años de cárcel ya que la penas máxima de 30 años se reserva para quienes usen armas.

Así, la solicitud de condena que baraja ronda los 20 años de prisión en el caso de Junqueras y será mayor a los 15, en función del grado de responsabilidad, para el resto de reclusos. También proporcional a la decisión que ha defendido el Ministerio Público de mantenerles en prisión provisional hasta la celebración del juicio motivada, en gran parte, por los años a los que se enfrentan.

El escrito deberá tener también el visto bueno de la fiscal general María José Segarra que ha evidenciado ya en estos meses su respeto por la independencia de sus fiscales. No se opondrá al criterio del equipo que lleva en el procedimiento desde el inicio.

La versión definitiva de estas conclusiones, que pueden modificarse tras la celebración del juicio, aún no está lista pero los cuatro fiscales encargados de la causa por el 'procés' trabajan en ella desde hace semanas con la seguridad de que la apertura del juicio oral está ya cercana.

Según adelantan fuentes judiciales, las condenas que se reclamarán se dividirán de forma proporcional a la responsabilidad de los procesados en los hechos. Por ello, la más rigurosa recaerá en Oriol Junqueras. En el arco cercano se encuentran también los exconsellers que impulsaron medidas concretas a favor de la ruptura como Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa. Contra los presidentes de las asociaciones soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, pesa también el delito de rebelión pero no el de malversación por lo que es previsible que la pena sea menos alta. Lo mismo sucede con la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, a la que no se imputa el uso de caudales públicos para sustentar la independencia.

Los argumentos que maneja el equipo fiscal demuestran que las presiones desde la política no han hecho mella en su convicción de que los hechos encajan con lo que recoge el artículo 472 y siguientes del Código Penal. "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente" para, entre otros supuestos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. La malversación de caudales públicos, que supera con creces los tres millones de euros, pesará como agravante.

La petición de penas se ajustará en función de la responsabilidad. La norma establece diferencias entre los que "promuevan o sostengan la rebelión", es decir "los jefes principales de ésta" y los que ejerzan un mando subalterno. Las penas, para los primeros, entre ellos varios de los políticos presos, van de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Los considerados como 'ejecutores' de órdenes y no impulsores, se enfrentan a penas de diez a quince años y otras menores, de cinco a diez años, si se les identifica como meros participantes.

En otro grupo estarán los procesados por delitos menos graves como Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila acusados de desobediencia y malversación. En la tercera de las categorías se ubican los miembros de la mesa del Parlament que desatendieron, según la acusación, los requerimientos que formuló el Constitucional para que las resolusiones parlamentarias se declararan nulas. Aquí se encuentran Lluis María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrifer, Joan Josep Nuet y Mireia Boya. Sólo se imputa una desobediencia, delito que no lleva aparejada prisión sino una multa.

La Abogacía del Estado, personada por la existencia de un quebranto a las arcas públicas, también se sumará a la acusación. Se baraja que se limite a solicitar la persecución por la malversación aunque, en el pasado, barajaba reclamar también condenas por rebelión. Por último, los 18 procesados en España tendrán que enfrentar también la solicitud que formule la acusación popular que ejerce Vox, que previsible se situará en el arco de las penas más graves. 

Al margen quedan los siete investigados que se encuentran fuera de España: Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Seret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel. El juez instructor formó con ellos pieza separada de forma que ni el escrito ni el juicio, que está previsto comience el próximo mes de enero y se alargue varios meses, les afecta. Sólo su regreso voluntario a España en el futuro provocará la celebración de una nueva vista oral.