Consell per la República: una entidad privada presentada en un espacio público

 

El Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya se ha vestido de gala este 29 de octubre para acoger la presentación del llamado Consell per la República, una entidad privada bajo jurisdicción belga y  que tendrá "independencia" respecto al Govern, según las palabras del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Pese a ello, el mismo president de la Generalitat, Quim Torra, cuando ha tomado la palabra, les ha dicho a sus miembros que "celebramos el acto en el Saló de Sant Jordi porque esta es vuestra casa", unas palabras que distan mucho de la independencia de la que minutos antes ha hablado Aragonès. 

El Saló de Sant Jordi  es el espacio más solemne del Palau de la Generalitat, reservado a las tomas de posesión o actos de especial significación.

Ante estos hechos, Catalunyapress se ha puesto en contacto con la Generalitat para preguntar si el edificio público puede ser usado por cualquier organización, asociación o entidad privada para celebrar un acto, esto es, si acaso el Saló de Sant Jordi se alquila o cede para eventos privados.

La primera respuesta recibida ha sido clara y contundente:

"No, en este espacio se hacen actos de la Generalitat o de la Conselleria de Governació o de Presidencia", han indicado desde el gabinete de prensa. 

Ante esta respuesta, se ha incidido en si el Saló de Sant Jordi se puede usar para actos privados. Respuesta: "¿Como el que se está celebrando?". Ante la afirmación de Catalunyapress se ha producido el silencio.

Hasta el momento, la Generalitat no se ha puesto en contacto de nuevo con este medio, a quien se le ha prometido una respuesta concreta y exacta del tema.

Mientras tanto, las palabras de Aragonès durante la presentación del acto se ha repetido por parte de los miembros del Govern, que en el acto se ha matizado que el Consell per la República será independiente del Govern, aunque remarcando que tendrá una "complicidad política" con el Ejecutivo catalán y con la mayoría independentista del Parlament.

¿Acaso se tiene que entender que esa complicidad de la que habla Aragonés justifica la cesión de un espacio de titularidad pública a un evento de una entidad privada, que para más inri está bajo jurisdicción belga? ¿Se cede el Saló de Sant Jordi a los colegas? ¿Y si es así, se hace gratis? Y si no, ¿cuánto cuesta alquilarlo?

AURA DE OFICIALIDAD

Al igual que sucedió justo una semana antes, el 23 de octubre en la presentación del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent, ha habido una nada discreta intención de dar un aura de oficialidad al acto. Además del president Torra y el vicepresident Aragonès, al evento también han asistido el presidente del Parlament, Roger Torrent; diputados de JxCat y ERC; la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; el presidente de la AMI, Josep Maria Cervera; el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, con miembros del partido en el Congreso, y el exdiputado, cantautor, presidente del consejo asesor para el impulso del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent y omnipresente, Lluís Llach, entre otros.

Y por videoconferencia, desde Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont,  quien presidirá el Consell, y el exconseller Toni Comín, que ejercerá de coordinador de la recién nacida entidad privada.

LOS MEDIOS DEL GOVERN A SU DISPOSICIÓN

La presencia de tantos medios del Govern y de las filas independentistas ha tenido un seguimiento en redes sociales. De hecho, la propia Generalitat, que se supone que no tiene nada que ver con el Consell per la República, ha retransmitido el acto de presentación en directo a través de su Twitter y de su web.

Menos mal que se ha tratado de un acto que no tiene que ver con el Govern de la Generalitat, que no ha sido más que la presentación de una entidad privada.

Una vez más se ha vuelto a usar el espacio de titularidad pública para lanzar mensajes que, como mínimo, carecen de la neutralidad que debería tener una institución pública y con una clara vocación polítca. Algo que contrasta con el acuerdo anunciado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo catalán, Miquel Buch en el que se anunciaba que ambas instituciones pactaban garantizar que el espacio público sería "neutral para todos".