La Abogacía del Estado pide 12 años para Junqueras por sedición

 

La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras por los delitos de sedición y malversación, según el escrito de acusación presentado hoy ante el Tribunal Supremo. 

Para los exconsellers Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), los Servicios Jurídicos del Estado también les acusan de sedición y malversación, pero a diferencia de Junqueras solicita para ellos 11 años y medio de prisión.

En cuanto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la abogada del Estado pide 10 años de cárcel por un delito de sedición, el mismo que atribuye a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para los que se solicitan 8 años de prisión.

Un año menos, 7, es lo que se reclama para los exconsellers Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) por malversación y desobediencia grave.

NO VE REBELIÓN

La Abogacía del Estado ha presentado este viernes el escrito en el que pide condenas para los líderes del 'procés' independentista en Catalunya por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves.

De este modo, el departamento dependiente del Ministerio de Justicia renuncia al delito más grave por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó, entre otros, a los miembros del exGovern de Carles Puigdemot y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es el de rebelión.

Desde la hace varias semanas se venía especulando con esta posibilidad, ya que varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez expresaron públicamente sus dudas de que pueda considerarse rebelión lo ocurrido en los meses de septiembre y octubre del pasado año en Catalunya, al entender que no se usó la violencia que exige el tipo.

DELITO Y PENAS

Finalmente, se ha optado por la sedición que castiga a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

El Código Penal castiga a los autores de este delito con prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondría además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

De este modo, la Abogacía se desmarca de la adhesión que durante toda la instrucción de la causa ha manifestado respecto de la Fiscalía, cuyo escrito se dará a conocer mañana y que prevé reclamar penas agravadas para los líderes del procés.