​En marcha tres decretos sobre pensiones, funcionarios y salario mínimo

Tendrá un coste superior a los 7.000 millones de euros y entrará en vigor el 1 de enero de 2019.

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Pedro Sánchez Consejo de Ministros

 

Pedro Sánchez Consejo de Ministros


El Gobierno de Pedro Sánchez prepara tres decretos para aumentar las pensiones, con un coste de 3.500 millones de euros, para mejorar los sueldos de los funcionarios, que puede costar cerca de 3.700 millones, y para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros, que no tiene presupuesto cerrado pero que entrará en vigor el 1 de enero.


Con estas medidas, el ejecutivo quema los últimos cartuchos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De lo contrario, no se descarta que haya un adelanto electoral, como comentó el lunes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cuando dijo que el 26 de mayo podría ser un 'super domingo' en el que coincidieran comicios locales, autonómicos, generales y europeos.


Mientras, Pedro Sánchez quiere gobernar sí o sí, ya sea con consenso, con mayoría o con decreto. 


Los últimos tres temas estrella son los que se refieren a pensiones, funcionarios y SMI, que está previsto que estén en marcha el 1 de enero de 2019 y que activen más de 7.000 millones de euros.


De esta manera, las pensiones subirán entre un 1,6 y un 3 por ciento, siendo las retribuciones mínimas las que más aumenten. Mejorará la base reguladora de las pensiones de viudedad y prevé compensar el desvío del IPC en 2018, que acabará el año por encima del 1,6 por ciento.


SUBIR EL SUELDO


El salario de los funcionarios también sube, aunque falta por concretar cuanto. El acuerdo firmado por el anterior Gobierno hablaba de una subida fija del 2,25 por ciento en 2019, que podría ser finalmente del 2,5 por ciento si el Producto Interior Bruto (PIB) se mantiene por encima del 2,5 por ciento.


La subida del SMI teóricamente generará un incremento de las cuotas a la seguridad social por valor de 1.500 millones, según el plan presupuestario que envió el Gobierno central a las autoridades comunitarias.

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