El Gobierno entrega Prisiones al PNV para salvar los presupuestos

 

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha comprometido a que el Gobierno central elabore antes de fin de año un calendario de traspaso de las materias pendientes de transferir a Euskadi, que incluirá prisiones, pero no la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, por su parte, ha asegurado que no renuncian a esta competencia, aunque, de momento, no "apremiará" al Ejecutivo de Pedro Sánchez con ella, para centrarse en otras materias menos dificultosas de transferir.

Batet y Erkoreka han comparecido en Bilbao tras la reunión este lunes en de la comisión mixta de transferencias en la que se ha oficializado el acuerdo de los traspasos a Euskadi del tramo de la autopista AP-1, entre Armiñón y Burgos (seis kilómetros), así como las líneas de ferrocarril de mercancías Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri, en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

De esta forma, la Comunidad Autónoma Vasca gestionará a partir del 1 de enero de 2019 estas competencias, valoradas en 426.000 euros, que se descontarán del Cupo (287.875 de la autopista y 138.090 de las líneas de tren).

El encuentro de la Comisión Mixta --presidida por Batet y Erkoreka-- no se celebra desde 2011, cuando se realizaron las últimas transferencias a Euskadi, y es la primera vez que se desarrolla en la Comunidad Autónoma Vasca.

La ministra ha recordado que en las dos legislaturas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se realizaron 16 traspasos, después de los cuales no ha habido "ningún otro hasta hoy". Ello ha supuesto, según ha apuntado, "retomar prácticamente desde cero la dinámica de acuerdos institucionales entre ambos Gobiernos".

Maritxell Batet ha indicado que alcanzar estos acuerdos, tras solo cinco meses de Gobierno, ha exigido una labor de los equipos negociadores de ambas administraciones que ha querido agradecer. De esta forma, ha dicho que se reanuda "la obligación legal de desarrollo y aplicación del desarrollo de autonomía, desde una perspectiva de lealtad institucional entre partes", que se ha plasmado en "la renuncia a los maximalismos, optando por el acuerdo, aunque sea parcial, siempre que ha sido posible".

En este sentido, ha afirmado que el proceso de negociación sobre traspaso del materias contempladas en el Estatuto continuará "con idéntico compromiso y voluntad por ambas partes", y se abrirá, "de inmediato, a múltiples ámbitos".

Batet ha explicado que se han intercambiado posiciones "sobre la ordenación de ese proceso" y espera que el acuerdo sobre algunas transferencias "pueda ser rápido", aunque para otras, la negociación será "más prolongada", por su "complejidad" y "dificultades técnicas, jurídicas e, incluso, de cambios legislativos, que requieren mayorías parlamentarias importantes en las Cortes Generales", algo que "dificulta su plasmación inmediata".

"LEALTAD CONSTITUCIONAL"

Asimismo, ha manifestado que "es norma" del Gobierno del PSOE "atender y dar respuesta argumentada a toda demanda de un Gobierno autonómico, que se deriva del principio de lealtad constitucional" o de "lealtad federal".

"Los acuerdos de traspaso en la comisión mixta muestran que el marco constitucional y estatutario permite modelos que reconoce plenamente el autogobierno y constituyen un avance respecto a la situación actual", ha aseverado.

A su juicio, "el marco constitucional y estatutario permite un autogobierno reforzado, y también reforzar la cooperación y la coordinación entre Administraciones". "Hay muchas políticas autonómicas que caben en ese marco, y la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es favorable al autogobierno, con la prioridad política de reforzar el principio de autonomía que contiene la Constitución, ha insistido.

La responsable de Política Territorial ha asegurado que "se abre una nueva etapa de lealtad institucional, de diálogo, de negociación y de capacidad de acuerdo por parte del Gobierno de España".

En las próximas semanas los Ejecutivos central y vascos continuarán con los contactos para acordar el calendario de transferencias y establecer por dónde comenzarán los trabajos. Sobre la transferencia de instituciones penitenciarias, Meritxell Batet ha precisado que se trata de una materia "compleja", pero "está en la lista" de peticiones del Ejecutivo autónomo y, por tanto, la incluirán en el calendario "aproximativo" que espera que esté preparado para final de año.

En todo caso, ha asegurado que, "para el Gobierno de España, la Seguridad Social queda al margen del proceso actual". "Somos conscientes de que el Gobierno Vasco va a mantener esa reivindicación y estamos dispuestos a escuchar las razones y las atenderemos, pero todo el mundo sabe que la transferencia es altamente compleja y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ha dificultado todavía más", ha apuntado.

EL GOBIERNO VASCO NO RENUNCIA

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco ha reconocido "la complejidad" que supone el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, así como la dificultad de acordarla "de manera inmediata", y aunque no van a "apremiar" a asumirla, no renuncian a ella ni lo harán "nunca".

Por ello, ha pedido que ambas partes se sienten a "reflexionar" sobre esta transferencia. "Quiero suponer que nadie entre los que estamos en el juego político en Estado español renuncia a ningún precepto del Estatuto de Gernika, tampoco el Gobierno central", ha señalado.

Josu Erkoreka ha asegurado que, de momento, pondrán "énfasis en muchas otras materias en las que puede producirse con mayor facilidad un acuerdo" y suponen menos "dificultad".

Erkoreka ha afirmado que hoy se "han superado definitivamente" los "siete años de sequía e incomunicación" en materia de transferencias con el Gobierno español. "Abrimos una nueva etapa y damos un primer paso firme y decidido hacia el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika", ha asegurado.

Ambos Ejecutivos, según ha explicado, han constatado que deben "aprovechar el nuevo clima de entendimiento para confeccionar un calendario y un plan de trabajo que lleva a culminar las 37 transferencias que siguen pendientes".

Josu Erkoreka ha ratificado su apuesta "por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo". "Tenemos confianza en que este primer paso pueda facilitar el objetivo de aplicar, en su integridad, el Estatuto de Gernika y saldar, de esta manera, la deuda pendiente que el Estado tiene con Euskadi", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que 'la debilidad' en la que se encuentra el Gobierno del PSOE pueda ralentizar el ritmo de las transferencias, Erkoreka ha apuntado que esto "en nada afecta" a acuerdos bilaterales que ambos Ejecutivos puedan alcanzar para transferir las titularidad y la responsabilidad sobre determinados medios personales y humanos.

No obstante, ha admitido que, en el caso de que ciertos traspasos precisen de modificaciones legislativas, si no existe el aval de las Cortes Generales, éstos pueden retrasarse o no materializarse.

REUNIÓN

En representación del Estado han estado también en la reunión, el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; el delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza; la secretaria general de Coordinación Territorial, María de los Llanos Castellanos; y el secretario de la Comisión Mixta por la Administración del Estado, Jorge García, entre otros.

Por parte la Administración vasca han acompañado a Erkoreka la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia; el titular de Hacienda, Pedro Azpiazu; y otros miembros del Gobierno Vasco.