El TSJC da tres días a la Generalitat antes de resolver las medidas cautelares sobre la ATLL

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado tres días a la Generalitat para que pueda presentar alegaciones ante las medidas cautelarísimas solicitadas por Acciona, que el juez ha rechazado, para seguir prestando el servicio de agua en alta de la Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Acciona interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, del pasado 20 de diciembre, en la que declaraba la finalización de la prestación efectiva del servicio por parte del consorcio liderado por Acciona.

La compañía quiere evitar que la Generalitat le obligue a dejar de prestar el servicio el 1 de enero porque aún no se ha producido la liquidación efectiva del contrato, según ha publicado Expansión.

El Govern aprobó en julio de este año un decreto ley en el que fijaba el próximo martes como el último día del plazo para que el nuevo ente público entre en funcionamiento y subrogue en derechos y deberes al consorcio liderado por Acciona.

Nueva propuesta de liquidación

Además, este mismo viernes la comisión creada por la Generalitat para abordar la liquidación del contrato ha fijado una nueva propuesta cifrada en 53,86 millones de euros favor de Acciona a raíz del auto del TSJC de noviembre, que determinó que el contrato de gestión de la ATLL era anulable y no nulo.

Un total de 46 millones de euros de los 53,86 que tiene que recibir Acciona son lo que la compañía ya ha abonado en conceptos juridicotributarios, por lo que tendrá que reclamarlos a las agencias tributarias correspondientes para recuperarlos.

La propuesta de liquidación ha sido notificada a la sociedad concesionaria, que a partir de ahora dispone de diez días para hacer las alegaciones que considere oportunas.

Litigio

En febrero de este año, el Tribunal Supremo (TS) declaró nulo el proceso de adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona al ratificar una sentencia del TSJC de 2015.

La adjudicación se aprobó en 2012 y atribuía la gestión del agua al consorcio para los siguientes 50 años por un importe de 1.000 millones de euros.

La Generalitat aprobó en julio de este año un decreto ley en el que indicaba que liquidaría el contrato y crearía un ente público para asumir el servicio de potabilización del agua, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el 1 de enero.

Acciona reclamó a la Generalitat una indemnización de 1.037 millones de euros por la resolución del contrato, algo que la comisión de liquidación de la administración catalana no solo rechazó, sino que pidió una compensación de 38 millones por parte de ATLL, y que ahora ha cifrado en 53,86 a favor de Acciona.